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"La Cámara de Diputados transformó la ley que protege los bosques en una legislación que incentiva la deforestación y la expansión desenfrenada de la agricultura y la pecuaria", denunció la ONG Greenpeace.
Ambientalistas, asociaciones científicas y diez ex ministros del Medio Ambiente intentaron hasta el último minuto frenar la reforma.
"La agropecuaria brasileña celebra el avance realizado", manifestó la presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura, Katia Abreu, para quien "lo que está en juego es la producción de alimentos de este país, que prácticamente sustenta la economía nacional".
La votación fue considerada la primera derrota de la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso donde, a pesar de tener una amplia mayoría, el lobby ruralista consiguió dividir al oficialismo.
La polémica reforma se encamina ahora al Senado. La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, advirtió que la presidenta podrá vetar puntos que puedan llevar a un aumento de la deforestación.
El Código Forestal, que data de 1965, limita el uso agrícola de tierras, obligando a los propietarios en áreas de bosque a mantener una parte intacta, que llega a 80% en la Amazonía.
La medida más polémica de la reforma es un texto adicional que legaliza áreas deforestadas ilegalmente hasta julio de 2008 y permite actividad agrícola en zonas claves para el equilibrio ecológico, como márgenes de ríos. "Es una amnistía que da el mensaje de que el delito ambiental no se castiga, y eso impulsará más la deforestación", dijo a la AFP Paulo Adario, de Greenpeace.
La reforma fue impulsada por el poderoso sector agrario, ávido por ampliar la frontera agrícola y acosado por el rigor de la ley ambiental.
El gobierno intentó convertir la reforma en una puesta al día de los agricultores con su deuda ambiental, aceptando una flexibilización a cambio de una reforestación de al menos una parte de la selva destruida, garantizando su protección futura.
El 90% de las propiedades rurales incumplían el código, que fue aumentando los requisitos, y hoy cumplirlo significaría reforestar 602.500 km2 de bosque, a un costo de más de 300.000 millones de dólares, denunció el autor de la reforma, el diputado Aldo Rebelo, quien consideró que los requisitos eran exagerados y estrangulan a la agricultura.
"El código necesitaba ser cambiado, le faltaban mecanismos que estimulen el esfuerzo de conservación forestal y hasta se podía flexibilizar un poco en áreas menos sensibles. Lo que no se podía era esta amnistía a quien deforestó en el pasado", dijo a la AFP el analista del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), Paulo Moutinho.
La reforma llega cuando la agropecuaria brasileña se ha convertido en una de las mayores del mundo, pero también coincide con una sensible reducción del ritmo de deforestación amazónica, que alcanzó un máximo de 27.000 km2 en 2004 y cayó a 6.500 km2 en 2010.
En los últimos meses, sin embargo, la deforestación volvió a dispararse, y los ambientalistas aseguran que se debe a que los agricultores ya dan por segura la flexibilización del código forestal.
El avance de la agropecuaria, madereras y la minería ilegales convirtieron a Brasil en el quinto mayor emisor de gases nocivos al planeta.
El gigantesco país de 8,5 millones de km2 tiene 5,3 millones de km2 de selvas y bosques, de los que solo 1,7 millones están bajo protección del Estado, y el resto en tierras de productores rurales o sin propiedad definida.
Ambientalistas, asociaciones científicas y diez ex ministros del Medio Ambiente intentaron hasta el último minuto frenar la reforma.
"La agropecuaria brasileña celebra el avance realizado", manifestó la presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura, Katia Abreu, para quien "lo que está en juego es la producción de alimentos de este país, que prácticamente sustenta la economía nacional".
La votación fue considerada la primera derrota de la presidenta Dilma Rousseff en el Congreso donde, a pesar de tener una amplia mayoría, el lobby ruralista consiguió dividir al oficialismo.
La polémica reforma se encamina ahora al Senado. La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, advirtió que la presidenta podrá vetar puntos que puedan llevar a un aumento de la deforestación.
El Código Forestal, que data de 1965, limita el uso agrícola de tierras, obligando a los propietarios en áreas de bosque a mantener una parte intacta, que llega a 80% en la Amazonía.
La medida más polémica de la reforma es un texto adicional que legaliza áreas deforestadas ilegalmente hasta julio de 2008 y permite actividad agrícola en zonas claves para el equilibrio ecológico, como márgenes de ríos. "Es una amnistía que da el mensaje de que el delito ambiental no se castiga, y eso impulsará más la deforestación", dijo a la AFP Paulo Adario, de Greenpeace.
La reforma fue impulsada por el poderoso sector agrario, ávido por ampliar la frontera agrícola y acosado por el rigor de la ley ambiental.
El gobierno intentó convertir la reforma en una puesta al día de los agricultores con su deuda ambiental, aceptando una flexibilización a cambio de una reforestación de al menos una parte de la selva destruida, garantizando su protección futura.
El 90% de las propiedades rurales incumplían el código, que fue aumentando los requisitos, y hoy cumplirlo significaría reforestar 602.500 km2 de bosque, a un costo de más de 300.000 millones de dólares, denunció el autor de la reforma, el diputado Aldo Rebelo, quien consideró que los requisitos eran exagerados y estrangulan a la agricultura.
"El código necesitaba ser cambiado, le faltaban mecanismos que estimulen el esfuerzo de conservación forestal y hasta se podía flexibilizar un poco en áreas menos sensibles. Lo que no se podía era esta amnistía a quien deforestó en el pasado", dijo a la AFP el analista del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM), Paulo Moutinho.
La reforma llega cuando la agropecuaria brasileña se ha convertido en una de las mayores del mundo, pero también coincide con una sensible reducción del ritmo de deforestación amazónica, que alcanzó un máximo de 27.000 km2 en 2004 y cayó a 6.500 km2 en 2010.
En los últimos meses, sin embargo, la deforestación volvió a dispararse, y los ambientalistas aseguran que se debe a que los agricultores ya dan por segura la flexibilización del código forestal.
El avance de la agropecuaria, madereras y la minería ilegales convirtieron a Brasil en el quinto mayor emisor de gases nocivos al planeta.
El gigantesco país de 8,5 millones de km2 tiene 5,3 millones de km2 de selvas y bosques, de los que solo 1,7 millones están bajo protección del Estado, y el resto en tierras de productores rurales o sin propiedad definida.
