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La marcha recorrió varias vías de la capital y cerró frente al edificio del Congreso, donde autoridades universitarias, profesores y dirigentes estudiantiles expresaron su rechazo absoluto a recortes de "cualquier monto" al Fondo para la Educación Superior (FES), que se financia con recursos del gobierno.
Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), la mayor de las universidades públicas, afirmó que los intentos de algunos legisladores de aplicar recortes a ese fondo antentan contra los esfuerzos por mantener la excelencia de la institución.
Un grupo de diputados, encabezado por el oficialista Ottón Solís, propone reducir en 2015 un 3,6% el presupuesto de las universidades públicas, entre otros recortes para atenuar el elevado déficil fiscal, de 6,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
Estos legisladores consideran improcedente que el presupuesto de las universidades prevea un incremento de 14% con respecto al 2014, casi el triple de la inflación prevista para este año.
La posición de Ottón Solís ha provocado divisiones en el gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), del cual el diputado es líder fundador.
Mientras se desarrollaba la marcha, el presidente Luis Guillermo Solís salió a respaldar la posición de los estudiantes y profesores universitarios y aseguró que el incremento es "una apuesta de fortalecimiento de la educación superior".
La lógica de quienes desde el Congreso proponen reducir el déficit es "cortar, cortar y cortar, sin pensar en las consecuencias sociales" de dichos recortes, señaló el mandatario en conferencia de prensa.
El presidente manifestó que sería un error quitarle recursos a los sistemas de becas, a los programas de investigación y a la adquisición de equipos avanzados por parte de las universidades.
"Estamos haciendo una apuesta de fortalecimiento de la educación superior porque eso responde a la visión de país que tenemos", sentenció Solís.
El proyecto de presupuesto es discutido por la comisión legislativa de Hacienda y Gasto Público y tendrá que ser aprobado a más tardar el 30 de noviembre por el plenario del Congreso, que tiene facultades constitucionales para modificarlo.
