La ONU conmina a Madrid a erradicar la tortura y el abuso del concepto de «terrorismo»

El informe que hizo público ayer el Comité de Derechos Humanos de la ONU censura las salvaguardas de los derechos civiles y políticos en el Estado español. Los expertos de Ginebra recomiendan al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros aspectos, que derogue «definitivamente» el régimen de incomunicación, y muestra su preocupación por el alcance «potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo en el derecho interno», así como por la pervivencia de las denuncias de torturas y la aplicación excesiva de la prisión preventiva a los detenidos.
Después de que el Estado español haya permanecido doce años sin someterse al análisis sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que los estados firmantes deben realizar cada seis años -el último data de 1996; y el Gobierno de Aznar se negó a la investigación en 2002-, el Comité de Derechos Humanos de la ONU vuelve a denunciar que el fantasma de la tortura planea sobre las comisarías y los acuartelamientos.

Es más, critica a Madrid por «no haber elaborado una estrategia global, ni haber tomado medidas suficientes para asegurar la erradicación definitiva» de la práctica de la tortura. Por consiguiente, urge al Estado español a que acelere «el proceso de adopción de un mecanismo nacional de prevención de la tortura», conforme a lo dispuesto en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles -del que es Estado firmante-, teniendo en cuenta las recomendaciones de órganos y expertos internacionales, como los realizados por el Relator Especial contra la Tortura de la ONU.

Contradice al Gobierno español
En el apartado siguiente, uniéndolo con la denuncia de la práctica de la tortura, la Organización de Naciones Unidas emplaza a Madrid a que suprima «definitivamente el régimen de incomunicación», porque, contra la justificación del Gobierno español de que su mantenimiento resulta ser «en aras del `interés de la justicia'», los expertos entienden que ese régimen de detención «puede propiciar los malos tratos». 

Gara, País Vasco  01-11-08