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Política
Manifestación opositora en Caracas, Venezuela.
"El actual régimen se ha puesto al margen de la Constitución y en consecuencia su autoridad y decisiones son inconstitucionales y no pueden ser reconocidas ni obedecidas por nadie", anunció el presidente del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, en rueda de prensa.
En representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Borges invocó artículos de la Constitución en los que se apoyará esa coalición opositora para la "fase decisiva" hacia un cambio de gobierno, que incluirá una "gran protesta nacional permanente".
"Es el paso más radical que se ha dado en la política venezolana en los últimos años. Ya la lucha será en un plano en el que habrá una confrontación más fuerte", aseguró a la AFP el politólogo Luis Salamanca.
La oposición anunciará en los próximos días cómo concretará su llamado a la rebelión. Algunos de sus líderes han planteado una huelga general.
El constitucionalista José Ignacio Hernández advirtió que pese a la importancia de una invocación a la desobediencia civil, no se pueden esperar "soluciones inmediatas".
"Se abre el capítulo más intenso de la confrontación (...), pero también puede que nos quedemos con este estado de enfrentamiento crónico", acotó Salamanca.
La oposición considera que el sistema con que serán elegidos el 30 de julio los integrantes de la Asamblea Constituyente es "fraudulento" y que su objetivo es instaurar un modelo comunista para perpetuar al chavismo en el poder, con el apoyo de la máxima corte de justicia, los militares y las autoridades electorales.
La confrontación también se acentuó este martes con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de admitir la solicitud de antejuicio que hizo el oficialismo contra la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista que rechaza tajantemente la Constituyente.
Ortega se declaró "preparada para todo" al ser cuestionada sobre un posible juicio en una entrevista radial; pero denunció que la justicia es usada para "perseguir a la disidencia política" y que el TSJ "ha desmantelado el estado de derecho".
El diputado oficialista Pedro Carreño interpuso el recurso el pasado jueves argumentando que Ortega "mintió" al negar haber respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista, según ella en un proceso "irregular".
Ortega y Carreño fueron citados a comparecer ante la Sala Plena, que decidirá si existe mérito para enjuiciar a la fiscal, pero su remoción sólo corresponde al Parlamento.
Aunque el Legislativo respalda a Ortega, sus decisiones son desconocidas por el TSJ.
"No le han cortado la cabeza. Pero definitivamente esta es una torpeza enorme del gobierno, que sigue golpeando la institucionalidad del país. Es una torpeza política de marca mayor", estimó el analista Juan Manuel Raffalli.
Llamada por Maduro como la "nueva líder de la oposición", Ortega interpuso casi una decena de acciones legales para frenar la Constituyente por considerar que violenta la democracia y, también, contra los magistrados del TSJ por estimar que han roto el orden constitucional por su parcialidad a favor del gobierno. Todas fueron desestimadas.
La fiscal encabeza a un grupo de chavistas que sostiene que Maduro "está destruyendo el legado" del expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013 y gestor de la actual Constitución.
En plena crisis, Maduro anunció la renovación de la cúpula de la Fuerza Armada, considerada junto al TSJ como sostén de su gobierno, y ratificó como ministro de Defensa al general Vladimir Padrino López, quien le ha declarado "lealtad incondicional".
En su llamado a la rebelión nacional, la MUD envió un mensaje a los militares: "Hacemos un llamado a las instituciones, y en especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que en esta crisis cumplan con el deber constitucional".
Ante un escenario de "confrontación permanente", Salamanca cree que la Fuerza Armada quedaría enfrentada al dilema de continuar reprimiendo o retirar el apoyo a Maduro, quien dio a los militares amplio poder político y económico.
La oposición acusa a las fuerzas de seguridad de reprimir brutalmente a los manifestantes. Como fiscal, Ortega ha señalado a militares y policías de abusos en las protestas.
Como parte de sus ajustes en la FANB, Maduro cambió al comandante de la Guardia Nacional, que controla las protestas opositoras, un día después de que un joven de 17 años murió por un disparo presuntamente de un militar.
En representación de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Borges invocó artículos de la Constitución en los que se apoyará esa coalición opositora para la "fase decisiva" hacia un cambio de gobierno, que incluirá una "gran protesta nacional permanente".
"Es el paso más radical que se ha dado en la política venezolana en los últimos años. Ya la lucha será en un plano en el que habrá una confrontación más fuerte", aseguró a la AFP el politólogo Luis Salamanca.
La oposición anunciará en los próximos días cómo concretará su llamado a la rebelión. Algunos de sus líderes han planteado una huelga general.
El constitucionalista José Ignacio Hernández advirtió que pese a la importancia de una invocación a la desobediencia civil, no se pueden esperar "soluciones inmediatas".
"Se abre el capítulo más intenso de la confrontación (...), pero también puede que nos quedemos con este estado de enfrentamiento crónico", acotó Salamanca.
La oposición considera que el sistema con que serán elegidos el 30 de julio los integrantes de la Asamblea Constituyente es "fraudulento" y que su objetivo es instaurar un modelo comunista para perpetuar al chavismo en el poder, con el apoyo de la máxima corte de justicia, los militares y las autoridades electorales.
- Antejuicio a la fiscal -
La confrontación también se acentuó este martes con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de admitir la solicitud de antejuicio que hizo el oficialismo contra la fiscal general, Luisa Ortega, confesa chavista que rechaza tajantemente la Constituyente.
Ortega se declaró "preparada para todo" al ser cuestionada sobre un posible juicio en una entrevista radial; pero denunció que la justicia es usada para "perseguir a la disidencia política" y que el TSJ "ha desmantelado el estado de derecho".
El diputado oficialista Pedro Carreño interpuso el recurso el pasado jueves argumentando que Ortega "mintió" al negar haber respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista, según ella en un proceso "irregular".
Ortega y Carreño fueron citados a comparecer ante la Sala Plena, que decidirá si existe mérito para enjuiciar a la fiscal, pero su remoción sólo corresponde al Parlamento.
Aunque el Legislativo respalda a Ortega, sus decisiones son desconocidas por el TSJ.
"No le han cortado la cabeza. Pero definitivamente esta es una torpeza enorme del gobierno, que sigue golpeando la institucionalidad del país. Es una torpeza política de marca mayor", estimó el analista Juan Manuel Raffalli.
Llamada por Maduro como la "nueva líder de la oposición", Ortega interpuso casi una decena de acciones legales para frenar la Constituyente por considerar que violenta la democracia y, también, contra los magistrados del TSJ por estimar que han roto el orden constitucional por su parcialidad a favor del gobierno. Todas fueron desestimadas.
La fiscal encabeza a un grupo de chavistas que sostiene que Maduro "está destruyendo el legado" del expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013 y gestor de la actual Constitución.
- Cambios en la cúpula militar -
En plena crisis, Maduro anunció la renovación de la cúpula de la Fuerza Armada, considerada junto al TSJ como sostén de su gobierno, y ratificó como ministro de Defensa al general Vladimir Padrino López, quien le ha declarado "lealtad incondicional".
En su llamado a la rebelión nacional, la MUD envió un mensaje a los militares: "Hacemos un llamado a las instituciones, y en especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), para que en esta crisis cumplan con el deber constitucional".
Ante un escenario de "confrontación permanente", Salamanca cree que la Fuerza Armada quedaría enfrentada al dilema de continuar reprimiendo o retirar el apoyo a Maduro, quien dio a los militares amplio poder político y económico.
La oposición acusa a las fuerzas de seguridad de reprimir brutalmente a los manifestantes. Como fiscal, Ortega ha señalado a militares y policías de abusos en las protestas.
Como parte de sus ajustes en la FANB, Maduro cambió al comandante de la Guardia Nacional, que controla las protestas opositoras, un día después de que un joven de 17 años murió por un disparo presuntamente de un militar.
