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Acto de protesta contra los asesinatos de periodistas
Guadalupe, de 24 años, confiesa que la ausencia de su padre, Ramón Ángeles Salpa, es dura de asimilar no solo porque desconoce cuál fue su destino sino porque otros periodistas siguen sufriendo esta misma tragedia.
"Me duele ver que sigan desapareciendo personas porque están diciendo la verdad, y que igual que en el caso de mi papá, las investigaciones no avanzan y las medidas del gobierno para que esto no pase pues no funcionan", comentó a la AFP.
No hay otro país en el mundo que tenga tantos periodistas desaparecidos como México: 24 según la ONG defensora de periodistas Artículo 19. Incluso, Naciones Unidas ha alertado que son un grupo "de particular vulnerabilidad en relación con el fenómeno de la desaparición forzada".
La mayoría de reporteros ausentes tiene además un denominador común: escribían sobre temas de corrupción y violencia relacionados con funcionarios y el crimen organizado.
Más de 100 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, en una tendencia que creció tras la ofensiva militar que el gobierno mexicano inició hace 10 años contra el narcotráfico y que atizó la violencia en varias regiones del país.
El más reciente fue el del reconocido reportero Javier Valdez -un periodista premiado, autor de varios libros sobre el narcotráfico y colaborador de la AFP-, que encendió la indignación del gremio local y una condena internacional.
También generó un inédito compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para proteger a los periodistas y aportar recursos para investigar las agresiones en su contra.
Pero menos de 24 horas después del anuncio, otro reportero desapareció: Salvador Adame, director del Canal 6 de Nueva Italia, Michoacán.
A él lo secuestró un comando armado el 18 de mayo y aunque la investigación está en curso, una reportera de la región dijo bajo anonimato a la AFP que Adame indagaba una gasolinera con probables fondos del crimen organizado en colusión con autoridades.
Como medida para exigir al gobierno que frene los crímenes contra comunicadores, medios de todo el mundo se sumaron este jueves, a un mes del asesinato de Valdez, a la campaña #ourvoiceisourstrenght #Nuestrasvocesnuestrafuerza.
En la mayoría de casos, las autoridades se resisten a considerar el trabajo periodístico como probable causa principal de las agresiones y el caso de Adame no fue la excepción. La fiscalía michoacana calificó su desaparición primero como un secuestro por asuntos de faldas y deudas económicas.
En México, además, las leyes establecen que deben pasar 72 horas para establecer una denuncia formal por desaparición.
"Hay una lentitud espantosa para buscarlos, hay una falta de voluntad absoluta y una burocracia que aplican en estos casos", comentó a la AFP Balbina Flores, corresponsal de la ONG Reporteros Sin Fronteras.
"Si en el 95% de las investigaciones de periodistas asesinados no ha habido resultados, en el caso de los periodistas desaparecidos es del 100%", denunció Flores.
La activista resalta que países como Argentina, durante su dictadura, y Guatemala, en sus época de guerra, registraron más desapariciones de periodistas.
"Pero ningún otro país que vive en democracia tiene tantos como México", destacó Flores, para quien tal situación responde a "una mezcla" de altos niveles de corrupción y gran poder del crimen organizado.
En un informe del año pasado, Artículo 19 consideró este crimen como una forma de tortura emocional perpetua para los familiares. La esposa de Adame sufrió esta semana un paro cardíaco.
El primer caso de desaparición fue el de Jesús Mejía Lechuga el 10 de junio de 2003, quien trabajaba para MS-Noticias en el estado de Veracruz, el más letal de México para el gremio. Desde entonces y hasta 2014 un promedio de dos periodistas desaparecieron por año, según cifras de Artículo 19.
Dos años después nació el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrita a la Secretaría de Gobernación (Interior), que opera con presupuesto y personal limitados.
El mecanismo, que gasta unos 890.000 dólares mensuales, protege actualmente a 208 periodistas y 348 defensores con medidas que van desde escoltas y automóviles blindados hasta botones de pánico. Pero periodistas en riesgo consultados por la AFP las han rechazado.
Los comunicadores desconfían de la policía, cuyos agentes fungen como escolta, ya que reducen su libertad de movimiento y "de todos modos no te garantizan gran cosa", explicó Patricia Monreal, periodista y vocera del gremio en Michoacán, que exige la aparición con vida de Adame y hace sus propias pesquisas para encontrarlo.
"Me duele ver que sigan desapareciendo personas porque están diciendo la verdad, y que igual que en el caso de mi papá, las investigaciones no avanzan y las medidas del gobierno para que esto no pase pues no funcionan", comentó a la AFP.
No hay otro país en el mundo que tenga tantos periodistas desaparecidos como México: 24 según la ONG defensora de periodistas Artículo 19. Incluso, Naciones Unidas ha alertado que son un grupo "de particular vulnerabilidad en relación con el fenómeno de la desaparición forzada".
La mayoría de reporteros ausentes tiene además un denominador común: escribían sobre temas de corrupción y violencia relacionados con funcionarios y el crimen organizado.
Más de 100 periodistas han sido asesinados desde el año 2000, en una tendencia que creció tras la ofensiva militar que el gobierno mexicano inició hace 10 años contra el narcotráfico y que atizó la violencia en varias regiones del país.
El más reciente fue el del reconocido reportero Javier Valdez -un periodista premiado, autor de varios libros sobre el narcotráfico y colaborador de la AFP-, que encendió la indignación del gremio local y una condena internacional.
También generó un inédito compromiso del presidente Enrique Peña Nieto para proteger a los periodistas y aportar recursos para investigar las agresiones en su contra.
Pero menos de 24 horas después del anuncio, otro reportero desapareció: Salvador Adame, director del Canal 6 de Nueva Italia, Michoacán.
A él lo secuestró un comando armado el 18 de mayo y aunque la investigación está en curso, una reportera de la región dijo bajo anonimato a la AFP que Adame indagaba una gasolinera con probables fondos del crimen organizado en colusión con autoridades.
Como medida para exigir al gobierno que frene los crímenes contra comunicadores, medios de todo el mundo se sumaron este jueves, a un mes del asesinato de Valdez, a la campaña #ourvoiceisourstrenght #Nuestrasvocesnuestrafuerza.
- Tortura emocional perpetua -
En la mayoría de casos, las autoridades se resisten a considerar el trabajo periodístico como probable causa principal de las agresiones y el caso de Adame no fue la excepción. La fiscalía michoacana calificó su desaparición primero como un secuestro por asuntos de faldas y deudas económicas.
En México, además, las leyes establecen que deben pasar 72 horas para establecer una denuncia formal por desaparición.
"Hay una lentitud espantosa para buscarlos, hay una falta de voluntad absoluta y una burocracia que aplican en estos casos", comentó a la AFP Balbina Flores, corresponsal de la ONG Reporteros Sin Fronteras.
"Si en el 95% de las investigaciones de periodistas asesinados no ha habido resultados, en el caso de los periodistas desaparecidos es del 100%", denunció Flores.
La activista resalta que países como Argentina, durante su dictadura, y Guatemala, en sus época de guerra, registraron más desapariciones de periodistas.
"Pero ningún otro país que vive en democracia tiene tantos como México", destacó Flores, para quien tal situación responde a "una mezcla" de altos niveles de corrupción y gran poder del crimen organizado.
En un informe del año pasado, Artículo 19 consideró este crimen como una forma de tortura emocional perpetua para los familiares. La esposa de Adame sufrió esta semana un paro cardíaco.
El primer caso de desaparición fue el de Jesús Mejía Lechuga el 10 de junio de 2003, quien trabajaba para MS-Noticias en el estado de Veracruz, el más letal de México para el gremio. Desde entonces y hasta 2014 un promedio de dos periodistas desaparecieron por año, según cifras de Artículo 19.
- Rechazo a medidas de prevención -
En 2010 se creó una fiscalía especial para crímenes contra periodistas, que no respondió a solicitudes de entrevista de la AFP.
Dos años después nació el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrita a la Secretaría de Gobernación (Interior), que opera con presupuesto y personal limitados.
El mecanismo, que gasta unos 890.000 dólares mensuales, protege actualmente a 208 periodistas y 348 defensores con medidas que van desde escoltas y automóviles blindados hasta botones de pánico. Pero periodistas en riesgo consultados por la AFP las han rechazado.
Los comunicadores desconfían de la policía, cuyos agentes fungen como escolta, ya que reducen su libertad de movimiento y "de todos modos no te garantizan gran cosa", explicó Patricia Monreal, periodista y vocera del gremio en Michoacán, que exige la aparición con vida de Adame y hace sus propias pesquisas para encontrarlo.
