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Un periodista asesinado
La idea es que los reporteros que se sientan amenazados pero que por miedo o recelo decidan no pedir auxilio al mecanismo de protección gubernamental, tengan un espacio donde quedarse y recibir apoyo de compañeros y especialistas.
"Es una casa en donde nosotros queremos que estén con la alimentación, con todos los servicios, que estén seguros y que tengan acompañamiento psicológico", explica a la AFP Judith Calderón, presidenta de la Casa de los Derechos de los Periodistas.
Ubicada en un lugar que la organización no quiere revelar y con capacidad para una docena de personas, esta inédita y modesta casa-refugio debería abrir sus puertas en las próximas semanas... pero ya tiene lista de espera.
"Precisamente porque los compañeros se sienten en confianza porque, por primera vez, hay una casa de periodistas para protegerlos" sin que tengan que solicitar ayuda a las autoridades que a veces son las agresoras, dice Calderón.
Nacida en 2010, la Casa de los Derechos de los Periodistas es una pequeña organización formada por veteranos reporteros mexicanos que buscan proteger y asesorar, desde adentro, a un gremio que lleva años de luto.
Más de 90 periodistas han sido asesinados y al menos 17 están desaparecidos desde 2000 en México, uno de los países más peligrosos del mundo para la profesión, según Reporteros Sin Fronteras.
Sólo en Veracruz (este) han muerto 19 comunicadores en los últimos seis años.
El último de ellos, el reportero de nota roja Pedro Tamayo, fue asesinado el día 20 en su casa pese a estar inscrito en el mecanismo de protección de ese estado, que lo desplazó un tiempo a Tijuana pero, a su regreso, le asignó una vigilancia esporádica de policías. La familia asegura que policías estatales facilitaron su asesinato.
El gobierno mexicano lanzó en 2012 el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas que ha protegido a 181 comunicadores con medidas que van desde entregarles un botón de pánico, asignarles escoltas, instalar cámaras en sus casas o darles refugio en otros estados. Veracruz creó su propio mecanismo también en 2012.
Los mecanismos son normalmente reactivos y "lo que va a garantizar protección es seguridad física más abatimiento de la impunidad (...) pero la impunidad persiste y eso es un mensaje claro de que, en cualquier momento, puede ocurrir una agresión mayor", denuncia Leopoldo Maldonado, coordinador del área de protección de la ONG para la libertad de expresión Artículo 19.
Con crímenes que nunca se resuelven por completo y agresores en libertad, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) coloca a México en el séptimo lugar del mundo en su Índice Global de Impunidad por detrás de países como Irak, Siria o Afganistán.
En medio de este panorama sombrío, la Ciudad de México se consideraba un refugio para los periodistas.
Por eso, el asesinato de Rubén Espinosa el 31 de julio de 2015 disparó todas las alarmas pese a que la fiscalía no haya logrado esclarecer si su asesinato fue por su actividad periodística o tenía relación con alguna de las cuatro mujeres asesinadas con él.
"El asesinato de Rubén fue una sacudida y aunque en las marchas en el DF hay muchas agresiones de policías a periodistas, la mayoría de los homicidios han ocurrido en los estados", afirma Judith Calderón.
Mientras su organización termina de estudiar las medidas de seguridad que tendrá la casa-refugio, el caso de Espinosa saca a la luz la debilidad de las redes informales del gremio en casos de peligro.
El joven fotógrafo, que no quiso inscribirse al mecanismo oficial, salió de Veracruz sólo con apoyo de colegas que no tenían los medios o la estructura de protección del Estado.
Pero la administradora de la casa-refugio, la periodista y activista Sara Lovera, está segura que su proyecto funcionará: "no queremos más buenas voluntades ni que nos ayuden supuestos redentores".
"Es una casa en donde nosotros queremos que estén con la alimentación, con todos los servicios, que estén seguros y que tengan acompañamiento psicológico", explica a la AFP Judith Calderón, presidenta de la Casa de los Derechos de los Periodistas.
Ubicada en un lugar que la organización no quiere revelar y con capacidad para una docena de personas, esta inédita y modesta casa-refugio debería abrir sus puertas en las próximas semanas... pero ya tiene lista de espera.
"Precisamente porque los compañeros se sienten en confianza porque, por primera vez, hay una casa de periodistas para protegerlos" sin que tengan que solicitar ayuda a las autoridades que a veces son las agresoras, dice Calderón.
Nacida en 2010, la Casa de los Derechos de los Periodistas es una pequeña organización formada por veteranos reporteros mexicanos que buscan proteger y asesorar, desde adentro, a un gremio que lleva años de luto.
Más de 90 periodistas han sido asesinados y al menos 17 están desaparecidos desde 2000 en México, uno de los países más peligrosos del mundo para la profesión, según Reporteros Sin Fronteras.
Sólo en Veracruz (este) han muerto 19 comunicadores en los últimos seis años.
El último de ellos, el reportero de nota roja Pedro Tamayo, fue asesinado el día 20 en su casa pese a estar inscrito en el mecanismo de protección de ese estado, que lo desplazó un tiempo a Tijuana pero, a su regreso, le asignó una vigilancia esporádica de policías. La familia asegura que policías estatales facilitaron su asesinato.
- La capital sigue siendo más segura que los estados -
El gobierno mexicano lanzó en 2012 el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas que ha protegido a 181 comunicadores con medidas que van desde entregarles un botón de pánico, asignarles escoltas, instalar cámaras en sus casas o darles refugio en otros estados. Veracruz creó su propio mecanismo también en 2012.
Los mecanismos son normalmente reactivos y "lo que va a garantizar protección es seguridad física más abatimiento de la impunidad (...) pero la impunidad persiste y eso es un mensaje claro de que, en cualquier momento, puede ocurrir una agresión mayor", denuncia Leopoldo Maldonado, coordinador del área de protección de la ONG para la libertad de expresión Artículo 19.
Con crímenes que nunca se resuelven por completo y agresores en libertad, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) coloca a México en el séptimo lugar del mundo en su Índice Global de Impunidad por detrás de países como Irak, Siria o Afganistán.
En medio de este panorama sombrío, la Ciudad de México se consideraba un refugio para los periodistas.
Por eso, el asesinato de Rubén Espinosa el 31 de julio de 2015 disparó todas las alarmas pese a que la fiscalía no haya logrado esclarecer si su asesinato fue por su actividad periodística o tenía relación con alguna de las cuatro mujeres asesinadas con él.
"El asesinato de Rubén fue una sacudida y aunque en las marchas en el DF hay muchas agresiones de policías a periodistas, la mayoría de los homicidios han ocurrido en los estados", afirma Judith Calderón.
Mientras su organización termina de estudiar las medidas de seguridad que tendrá la casa-refugio, el caso de Espinosa saca a la luz la debilidad de las redes informales del gremio en casos de peligro.
El joven fotógrafo, que no quiso inscribirse al mecanismo oficial, salió de Veracruz sólo con apoyo de colegas que no tenían los medios o la estructura de protección del Estado.
Pero la administradora de la casa-refugio, la periodista y activista Sara Lovera, está segura que su proyecto funcionará: "no queremos más buenas voluntades ni que nos ayuden supuestos redentores".
