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Política
Funeral de uno de los campesinos muertos
La muerte de los hombres ocurrió cuando campesinos e indígenas trataban de impedir que miembros del Ejército erradicaran de forma manual cultivos de hoja de coca en jurisdicción del municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño (sur), limítrofe con Ecuador.
Una comisión del organismo defensor de derechos humanos llegó a ese poblado del pacífico colombiano a recoger testimonios de las comunidades para esclarecer el hecho que dejó además 21 heridos.
Al término del recorrido, el vicedefensor, Jorge Calero, exhortó a la Fiscalía y a la Procuraduría (Ministerio Público) "adelantar una investigación eficaz que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables".
"(Pedimos) a la Procuraduría, en virtud del poder disciplinario preferente, adelantar a las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública", agregó.
"Los campesinos niegan la injerencia de grupos armados ilegales en el ataque y el lanzamiento de armas no convencionales como 'tatucos' o cilindros bomba (explosivos caseros), contrario a lo informado por las autoridades", insistió.
Según el Ejército, el ataque fue cometido en medio de la protesta por una disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que en noviembre de 2016 firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno y luego entregaron las armas a las Naciones Unidas, en medio de la protesta.
Sin embargo, miembros de la comunidad han atribuido la muerte de los hombres a militares y policías que formaban parte de la erradicación.
Sobre esos señalamientos, el vicepresidente, Óscar Naranjo, quien se desplazó desde este sábado a la zona, instó a la institución a apartar de sus cargos a los policías involucrados en los hechos hasta tanto se aclare lo sucedido.
"En términos disciplinarios uno esperaría que la institución declare rápidamente la suspensión disciplinaria de estos policiales para dar garantías previas mientras la justicia llega a una decisión concluyente en materia de responsabilidad", dijo Naranjo.
En la víspera, un grupo especializado de forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia (INML) confirmó que la muerte de los campesinos, oriundos todos del vecino departamento de Cauca, fue producto de disparos a larga distancia.
Las autoridades han atribuido el hecho al grupo "Daniel Aldana" que fue expulsado de las FARC el año pasado y cuenta con unos 50 hombres.
Según investigaciones, su líder, un ciudadano ecuatoriano conocido con el alias de "Guacho", quien fue declarado objetivo militar, ordenó lanzar explosivos y abrir fuego contra quienes se encontraban reunidos en el lugar el jueves pasado.
El Gobierno desarrolla desde hace meses una campaña para la erradicación voluntaria de los cultivos ilegales en varias regiones del país, entre ellas Tumaco. Cuando no se logra un acuerdo con los cultivadores la erradicación es forzosa.
Se estima que cerca de 400 ex integrantes de las FARC se declararon en disidencia el año pasado y continúan sus actividades armadas en el sur del país. Cerca de 7.000 miembros del grupo ex guerrillero, por el contrario, entregaron las armas y ahora están en proceso de reincorporación a la vida legal.
Una comisión del organismo defensor de derechos humanos llegó a ese poblado del pacífico colombiano a recoger testimonios de las comunidades para esclarecer el hecho que dejó además 21 heridos.
Al término del recorrido, el vicedefensor, Jorge Calero, exhortó a la Fiscalía y a la Procuraduría (Ministerio Público) "adelantar una investigación eficaz que conduzca a esclarecer los hechos y judicializar a los responsables".
"(Pedimos) a la Procuraduría, en virtud del poder disciplinario preferente, adelantar a las investigaciones a que haya lugar para determinar si los hechos ocurridos el 5 de octubre de 2017 constituyen falta disciplinaria para alguno de los miembros de la Fuerza Pública", agregó.
"Los campesinos niegan la injerencia de grupos armados ilegales en el ataque y el lanzamiento de armas no convencionales como 'tatucos' o cilindros bomba (explosivos caseros), contrario a lo informado por las autoridades", insistió.
Según el Ejército, el ataque fue cometido en medio de la protesta por una disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), que en noviembre de 2016 firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno y luego entregaron las armas a las Naciones Unidas, en medio de la protesta.
Sin embargo, miembros de la comunidad han atribuido la muerte de los hombres a militares y policías que formaban parte de la erradicación.
Sobre esos señalamientos, el vicepresidente, Óscar Naranjo, quien se desplazó desde este sábado a la zona, instó a la institución a apartar de sus cargos a los policías involucrados en los hechos hasta tanto se aclare lo sucedido.
"En términos disciplinarios uno esperaría que la institución declare rápidamente la suspensión disciplinaria de estos policiales para dar garantías previas mientras la justicia llega a una decisión concluyente en materia de responsabilidad", dijo Naranjo.
En la víspera, un grupo especializado de forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal de Colombia (INML) confirmó que la muerte de los campesinos, oriundos todos del vecino departamento de Cauca, fue producto de disparos a larga distancia.
Las autoridades han atribuido el hecho al grupo "Daniel Aldana" que fue expulsado de las FARC el año pasado y cuenta con unos 50 hombres.
Según investigaciones, su líder, un ciudadano ecuatoriano conocido con el alias de "Guacho", quien fue declarado objetivo militar, ordenó lanzar explosivos y abrir fuego contra quienes se encontraban reunidos en el lugar el jueves pasado.
El Gobierno desarrolla desde hace meses una campaña para la erradicación voluntaria de los cultivos ilegales en varias regiones del país, entre ellas Tumaco. Cuando no se logra un acuerdo con los cultivadores la erradicación es forzosa.
Se estima que cerca de 400 ex integrantes de las FARC se declararon en disidencia el año pasado y continúan sus actividades armadas en el sur del país. Cerca de 7.000 miembros del grupo ex guerrillero, por el contrario, entregaron las armas y ahora están en proceso de reincorporación a la vida legal.
