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Política
Manifestantes piden que se encuentre a los 43 estudiantes desaparecidos
Tras el fin en abril del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que polemizó con la versión oficial sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa (Guerrero, sur), los padres y el gobierno han negociado un nuevo esquema de seguimiento.
Según los acuerdos preliminares, el mecanismo estará conformado por un conjunto de asesores designados por el relator para México y presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijeron las partes.
Esos asesores "tendrán acceso pleno a los expedientes", dijo el vicecanciller mexicano de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas.
Ese es un punto central de acuerdo con los familiares, que exigen la continuación de las líneas de investigación propuestas por el GIEI.
Después de una docena de reuniones, el gobierno y los familiares de los desaparecidos acordaron el marco general del mecanismo, pero los detalles finales los debe difundir este viernes la CIDH, con sede en Washington.
"Hay acuerdos sobre rubros generales (...) Estamos muy cerca", dijo a la AFP Mario Patrón, director del centro PRODH, representante legal de los familiares ante la CIDH.
Aún había algunas diferencias: México plantea que los asesores realicen visitas periódicas, pero Patrón espera en cambio que tengan residencia permanente en el país.
A diferencia del GIEI, que tuvo un mandato de un año, el nuevo esquema no tiene un límite temporal definido. Tampoco tendrá la labor de asesorar al gobierno mexicano, sino vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares fijadas por la CIDH exhortando a seguir la investigación del crimen, continuar la búsqueda de los desaparecidos y atender a los sobrevivientes.
En marzo de cada año se realizará una evaluación sobre el mecanismo, dijo Ruiz Cabañas.
La noche del 26 de septiembre de 2014, los jóvenes tomaron cinco autobuses para una manifestación cuando fueron atacados por policías corruptos de Iguala, una zona clave para la producción de amapola que es traficada a territorio estadounidense.
Su paradero es aún un misterio, aunque más de 130 personas han sido procesadas por el caso, dijo Eber Betanzos, director de la Subprocuraduría, señalando que "la investigación continúa".
Según los acuerdos preliminares, el mecanismo estará conformado por un conjunto de asesores designados por el relator para México y presidente de la CIDH, James Cavallaro, dijeron las partes.
Esos asesores "tendrán acceso pleno a los expedientes", dijo el vicecanciller mexicano de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas.
Ese es un punto central de acuerdo con los familiares, que exigen la continuación de las líneas de investigación propuestas por el GIEI.
Después de una docena de reuniones, el gobierno y los familiares de los desaparecidos acordaron el marco general del mecanismo, pero los detalles finales los debe difundir este viernes la CIDH, con sede en Washington.
"Hay acuerdos sobre rubros generales (...) Estamos muy cerca", dijo a la AFP Mario Patrón, director del centro PRODH, representante legal de los familiares ante la CIDH.
Aún había algunas diferencias: México plantea que los asesores realicen visitas periódicas, pero Patrón espera en cambio que tengan residencia permanente en el país.
A diferencia del GIEI, que tuvo un mandato de un año, el nuevo esquema no tiene un límite temporal definido. Tampoco tendrá la labor de asesorar al gobierno mexicano, sino vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares fijadas por la CIDH exhortando a seguir la investigación del crimen, continuar la búsqueda de los desaparecidos y atender a los sobrevivientes.
En marzo de cada año se realizará una evaluación sobre el mecanismo, dijo Ruiz Cabañas.
La noche del 26 de septiembre de 2014, los jóvenes tomaron cinco autobuses para una manifestación cuando fueron atacados por policías corruptos de Iguala, una zona clave para la producción de amapola que es traficada a territorio estadounidense.
Su paradero es aún un misterio, aunque más de 130 personas han sido procesadas por el caso, dijo Eber Betanzos, director de la Subprocuraduría, señalando que "la investigación continúa".
