Felipe Rangel, consejero de territorio, recursos naturales y biodiversidad de la organización nacional indígena de Colombia ONIC, denunció la situación de los activistas indígenas de su país, cuyos pueblos son golpeados por la deforestación de sus territorios a causa de la minería, los cultivos y la ganadería extensiva.
"Hoy sentimos mucha preocupación. Se han incrementado las amenazas, se ha incrementado la deforestación, la minería en los territorios indígenas y las ocupaciones ilegales. En los meses de octubre y noviembre fueron asesinados más de ocho líderes indígenas y en 2016 y 2017 fueron muertos más de 160 líderes de derechos humanos en todo el país, entre indígenas y campesinos", dijo la noche del miércoles en Bonn.
"Estamos en un proceso de paz en Colombia pero el conflicto armado se ha agudizado, se ha disparado el paramilitarismo en varias regiones del país, más aún en territorios indígenas y tenemos desplazamientos de comunidades", abundó.
"En Honduras estamos enfrentando este mismo modelo extractivo que en Colombia y también el control militar que reprime", relató en conexión directa por Internet Berta Zúñiga, hija de Berta Cáceres, la ambientalista indígena hondureña que hizo campaña contra la construcción de la central hidroeléctrica Agua Zarca y fue asesinada en 2016.
Zúñiga afirmó que el asesinato de su madre fue emblemático para ilustrar "el contubernio entre la empresa privada, que es nefasta en Honduras, y las fuerzas del Estado".
"Aquí continúan las agresiones, los ataques sistemáticos", denunció Zúñiga y recordó que Honduras celebrará en breve "unas elecciones generales irregulares donde un presidente va de candidato pese a estar prohibido por la Constitución".
Alberto Salamando, abogado de derechos humanos de la red Indígena Ambientalista (Indigenous Enviromental Network), citó un informe publicado este año según el cual por lo menos 200 personas fueron asesinadas en 24 países en 2016 por oponerse a proyectos industriales que consideraban destructivos frente a 185 asesinatos registrados en 16 naciones en 2015.
"La industria está involucrada en estos crímenes, la represión también es respaldada por la industria, las madereras en Brasil, las mineras en Colombia", dijo el letrado estadounidense.
"Es un fenómeno creciente. Gente que es asesinada por defender sus derechos y su territorio (...) El actual cuerpo de reglas que se negocia (en la COP23) debiera incluir la prohibición de la violación de los derechos humanos", opinó.
"Sabemos que hay Bertas en todas las ciudades del planeta", señaló, por su parte, Heather Milton Lightening, directora de la ONG Indigenous People Power Project (IP3).
"Este tipo de violencia no es nueva y no solo ocurre en Honduras. Hemos visto esta violencia en otras partes del mundo, desde aquella contra la tribu de Standing Rock en Dakota del Sur hasta Peñuelas en mi Puerto Rico natal", sostuvo Ramón Cruz, ex director de la Agencia de Medio Ambiente de Puerto Rico y experto de la organización ecologista estadounidense Sierra Club.
"Llamamos a las instituciones internacionales y a grupos de la sociedad civil en todo el mundo a demandar responsabilidad a estas prácticas represivas y a quienes las cometen y exigir que se juzgue a los asesinos de Berta y de centenares de otros ambientalistas".
Berta Cáceres era coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares y Cívicas de Honduras (COPINH). El 3 de marzo de 2016 fue asesinada a tiros en su casa del municipio La Esperanza, en Intibucá, donde además resultó herido su colega mexicano Gustavo Castro Soto, el único testigo del crimen.
La compañía DESA niega cualquier implicación en el crimen. Hay ocho ocho personas imputadas, entre ellas ex militares.