"La ausencia de investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo constituye un incumplimiento por España de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación", concluye la organización en un informe presentado este lunes.
Según este informe, la justicia española "deniega investigar" las denuncias de los familiares de las víctimas de crímenes contra los derechos humanos ocurridos en España durante la guerra civil y la dictadura del general Francisco Franco.
En 2008, el juez Baltasar Garzón abrió una investigación sobre la desaparición de 114.000 personas durante el conflicto armado y la dictadura y ordenó la exhumación de al menos 19 fosas comunes.
Sin embargo, el Tribunal Supremo lo decretó no competente para realizar la investigación de estos crímenes, que correspondía a los juzgados regionales.
Desde entonces, de los 47 casos que la Audiencia Nacional remitió a las cortes provinciales, al menos 38 han sido archivadas, denuncia Amnistía Internacional en el informe titulado "El tiempo pasa, la impunidad permanece".
El grupo de defensa de los derechos humanos explicó que no había sido capaz de descubrir el estado de los nueve casos restantes porque las peticiones de información no habían sido respondidas.
"De manera generalizada, el poder judicial está archivando las denuncias que se presentan", aseguró el presidente de la rama española de la organización, Esteban Beltrán, en la presentación del informe en Madrid.
"Parece que se intenta garantizar la impunidad por parte de los poderes del Estado", añadió.
Los motivos por los que la justicia española archivó los crímenes son que estos están cubiertos por la Ley de Amnistía aprobada en 1977, dos años después de morir el dictador, que el delito cometido ha prescrito y que los presuntos responsables ya fallecieron.
Además, según se desprende del informe, España tampoco está "colaborando de forma adecuada" con la justicia argentina que investiga una querella interpuesta por los parientes de las víctimas del franquismo por delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Beltrán puso como ejemplo que el Gobierno español impidió en mayo que varias víctimas de la dictadura de Franco testificaran a través de videoconferencia en el juicio que se está desarrollando en Argentina.
"España ni investiga ni coopera con las investigaciones que están llevando a cabo terceros países", dijo.
El juez Garzón, que captó la atención internacional al intentar extraditar a España al exdictador chileno Augusto Pinochet, fue acusado de prevaricación al declararse competente de investigar los crímenes del franquismo.
Garzón, que ahora lidera el equipo legal del fundador de WikiLeaks Julian Assange, alegó que esos actos constituían delitos contra los derechos humanos por lo que no estaban sujetos a la amnistía de 1977.
En 2012, el Tribunal Supremo indicó que la decisión había sido "un error", pero terminó absolviendo a Garzón, quien finalmente fue condenado por unas escuchas ilegales a 11 años de inhabilitación.