El estado de emergencia, promulgado en 1992 y prorrogado posteriormente, dio a los militares poderes policiales y significó la restricción de poderes políticos en el país, además de impedir el desarrollo de los partidos políticos.
El decreto, prometido por el presidente Abdelaziz Buteflika a principios de febrero, fue adoptado el martes en el consejo de ministros y su aplicación tenía que ser "inminente".
A pesar de la derogación, el gobierno precisó que el ejército seguiría al frente de la lucha antiterrorista contra algunos grupos armados todavía en actividad.
Las autoridades argelinas instauraron el estado de emergencia en 1992 para luchar contra la guerrilla islamista, consecuencia de la anulación de las elecciones legislativas de diciembre de 1991 en la que el Frente Islámico de Salvación (actualmente disuelto) ganó ampliamente en la primera vuelta.
El país vivió a partir de entonces una guerra civil que dejó 200.000 muertos, según fuentes oficiales.
La derogación del estado de emergencia era una de las reivindicaciones de la oposición y en particular de la Coordinación Nacional por la Democracia y el Cambio (CNCD), que organizó dos manifestaciones para obtener un "cambio de sistema" y tiene prevista otra el sábado.