Apenas pisó la Casa Blanca, el magnate republicano congeló toda nueva reglamentación a punto de ser finalizada y ordenó que por cada reglamentación nueva otras dos sean suprimidas.
"Creemos posible eliminar el 75% de las regulaciones", dijo el mandatario ante empresarios en el Salón Oval el 23 de enero.
Aunque sus consignas son algo vagas, de todas formas muestran la voluntad de los republicanos de responder a demandas de grupos de presión que volcaron cientos de millones de dólares en cabildeo y financiamiento de campañas electorales.
"En la administración Trump, cada día es Navidad para las grandes empresas", dijo a AFP, Rober Weisman, presidente de la ONG Public Citizen que cuestionó ante la justicia los decretos de Trump contra los reglamentos.
En los hechos, Trump puede retardar o reexaminar pero no puede anular a golpe de lapicera reglamentos vigentes durante muchos años.
Por ello, los republicanos desempolvaron una ley de 1996 que les permite, por un voto, revocar toda reglamentación finalizada en los últimos seis meses de la administración anterior. 
De esa forma ya derogaron:
- una prohibición de verter en los ríos los residuos de la extracción de carbón.
- una norma anticorrupción que obligaba a las petroleras a declarar todo pago a gobiernos extranjeros; incluyendo impuestos y royalties.
- la obligación de las petroleras de reducir las fugas de metano de sus pozos.
- la prohibición de vender armas de fuego a personas que cobran subsidios por problemas mentales.
De su lado, el propio Trump firmó contra la reforma al sistema financiero de la ley Dodd-Frank adoptada tras la gran recesión de 2008-09 y también derogó la norma que obligaba a los consejeros financieros a obrar en favor de sus clientes. 
El objetivo de las derogaciones es idéntico: menos reglamentaciones significan menos costos para las empresas y, en consecuencia, para sus clientes. 
 
 

- Guerrilla judicial -

 
Todo ese arsenal de reglamentos estaban en la lista negra de organizaciones empresariales poderosas como la Cámara de Comercio de Estados Unidos o Freedom Partners. 
Ambas entidades acusaron a la administración de Barack Obama de imponer costos excesivos a las compañías; especialmente en lo que hace al medio ambiente.
Por eso están ante la justicia normas emblemáticas de Obama, como el Plan de Energías Limpias, que busca frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.
"Los últimos ocho años fueron un desafío", dijo a AFP Paul Schlegel, responsable del área ambiental de la organización American Farm Bureau Federation. 
Decenas de organizaciones empresariales presionan al Congreso para que reduzca el poder de las agencias federales.
"Las señales que está enviado la administración de Trump sobre la reforma de las regulaciones son cosas que apoyamos", dijo Lowell Randel, vicepresidente de la Global Cold Chain Alliance, que agrupa a unas 1.200 compañías de la cadena de frío.
También están en la mira del gobierno las inspecciones. La administración podría frenar los controles y sustituir multas por advertencias.
La agencia federal de protección del medio ambiente (EPA) podría entonces convertirse en meramente decorativa según el sitio especializado Inside EPA.
"No esperamos indulgencia, pero sí un mayor grado de compromiso constructivo. Sería un paso positivo", dijo Paul Schlegel.
Con los demócratas en minoría en el Congreso, la resistencia se organiza en torno a las ONG, grupos ambientalistas o asociaciones de consumidores. Los cuatro años próximos se perfilan como de una guerrilla judicial constante.
"Cada derogación será apelada ante la justicia. Habrá muchos obstáculos", dijo a AFP Rebecca Buckwel del instituto Center for American Progress. "Pero, entretanto, no se aplicarán las reglamentaciones y no será posible determinar nuevas reglas", afirmó.