La Asamblea Nacional informó que la policía política, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), arrestó a los magistrados Jesús Rojas y Zuleima González, en la región oriental de Anzoátegui, que se sumaron a Ángel Zerpa, detenido el sábado.

Rojas fue designado como magistrado principal de la Sala Electoral y González como suplente de la Sala Constitucional del TSJ.

Las nuevas detenciones ocurren después que el presidente, Nicolás Maduro, advirtiera que los magistrados designados por la Asamblea Nacional, bajo control de la mayoría opositora, será encarcelados "uno por uno" debido a que sus nombramientos fueron declarados nulos e ilegales.

El Ministerio Público informó que un fiscal nacional se trasladará a la sede del Sebin para verificar el estado de salud de Zerpa, después de que anunciara una huelga de hambre al ser encarcelado por órdenes de un tribunal militar.

Los 13 magistrados principales y 20 suplentes fueron designados y juramentados el viernes por la Asamblea para sustituir a los actuales jueces del TSJ, a los que considera ilegítimos, lo que agudizó el choque de poderes en Venezuela.

"Esta gente que nombraron, usurpadores que andan por ahí. Todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo, y nadie los va a defender", dijo Maduro sobre los jueces designados.

Asimismo, el TSJ denunció como "nula e írrita" la designación de los magistrados, y advirtió que los "ciudadanos" que fueron juramentados se exponían a ser detenidos y acusados de usurpación de funciones y traición a la patria.

La Sala Constitucional recordó a la Asamblea Nacional que está en desacato de sus sentencias y que por lo tanto sus decisiones son nulas.

Con los nombramientos, la cámara legislativa buscaba sustituir a los actuales jueces del TSJ, que se han convertido en un sostén clave del Gobierno.

La cámara legislativa dijo que el Gobierno designó irregularmente a los 13 magistrados principales y 20 suplentes actuales el 15 de diciembre de 2015, después de conocerse la victoria de la oposición en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de ese año, a fin de anular las posibles acciones legislativas contra el Gobierno.