El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu investigará al ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y a otros seis cargos militares a sus órdenes por un presunto crimen contra la humanidad. Los investigados fueron los presuntos organizadores de un bombardeo en la franja de Gaza para acabar con la vida del dirigente de Hamás Salah Shehadeh, pero la operación se saldó, además de con la muerte del líder de la milicia, con la de otros 14 civiles, varios menores entre ellos, según relata el auto del juez. El actual ministro israelí de Defensa, Ehud Barak, ha afirmado en un comunicado que "hará todo" por anular la querella, informa EFE.

Además de Ben-Eliezer, el juez imputa los hechos al comandante de las fuerzas aéreas israelíes en el momento del ataque, Dan Halutz, al general del mando sur de las fuerzas de defensa israelíes, Doron Almog, al presidente del Consejo Nacional de Seguridad israelí y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland, al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog, y al jefe del Estado Mayor, Moshe Ya'alon, y al director del servicio general de seguridad de Israel, Abraham Dichter.

El ataque tuvo lugar el 22 de julio de 2002 y tenía como objetivo acabar con la vida del dirigente de Shehadeh. Para ello se utilizó un caza F-16 del Ejército israelí que lanzó una bomba de una tonelada sobre su vivienda en el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza, una de las zonas residenciales más densamente poblados de la ciudad, según la resolución. El proyectil causó 15 víctimas mortales y 150 heridos. Su explosión alcanzó de lleno a la familia cuyos siete miembros fallecieron.
Andreu admite la querella, presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos, después de que Israel se negara a contestar una comisión rogatoria enviada en agosto de 2008 en la que preguntaba si los hechos estaban siendo investigados en ese país. El juez concluye que existen indicios de crímenes contra la humanidad al tratarse de un ataque contra la población civil de inicio ilegítimo.
Principio de justicia universal
El auto de Andreu cita el artículo 23.4 de la Ley Órganica del Poder Judicial que hace referencia al principio de justicia universal: "Igualmente será competente la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la Ley penal española, como algunos de los siguientes delitos: (...). Y cualquier otro que, según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España".
En el razonamiento jurídico del juez se dice finalmente que "con el propósito de cometer el asesinato" del líder de Hamás, "las Fuerzas Armadas del Estado de Israel, con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar" lanzaron un ataque que acabó con la vida de 15 personas. Por este motivo, dice el auto, "nos encontraríamos ante la existencia de un ataque contra la población civil, ya de inicio ilegítimo (...) que se torna en un hecho que ha de ser perseguido en virtud del principio de jurisdicción universal" debido a que es una acción "desproporcinada o excesiva" y que si se demuestra que fuera "preconcebida" podría dar lugar a "una calificación de los hechos distinta y aún más grave de la que incialmente puede considerarse".