Se trata de recursos adicionales que recibirán las municipalidades, actualmente gestoras de los colegios, aquejadas de deudas y con presupuestos muy desiguales en función de su ubicación y el nivel socioeconómico de su vecindario.

Los colegios podrán hacer obras pendientes desde el terremoto para evitar problemas de seguridad y salubridad, así como reforzar la infraestructura contra el frío y la lluvia, e instalar redes inalámbricas de internet.

También aumentará la capacitación de profesores, los talleres de educación artística, deportiva, el uso de tecnología y el aprendizaje de inglés.

"Es un programa potente, pero debemos decirlo con claridad: no es la solución definitiva, porque la solución definitiva va a tomar más tiempo y tiene que ver con la desmunicipalización que la presidenta planteó en su programa", dijo el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.

Bachelet quiere retornar la gestión de las escuelas públicas al Estado, con la creación de una agencia estatal autónoma que las supervise, un histórico reclamo de los profesores.

El gobierno ha enviado al Congreso un primer paquete de leyes para acabar con el lucro, la selección de los alumnos, y el copago de las familias en las escuelas subvencionadas, que son las que reciben la mayoría de alumnos.

Sin embargo, tanto el movimiento estudiantil como el Colegio de Profesores -que el miércoles protagonizaron una nueva marcha- consideran insuficientes las medidas, muy enfocadas de momento a las escuelas subvencionadas, y reclaman por mejoras urgentes en la calidad de la educación pública.

Bachelet aseguró que quiere avanzar hacia un sistema "inclusivo, de excelencia, que recupere el concepto de una red pública de educación", pero admitió que es "una tarea compleja que tomará años".

Desde 2011, los estudiantes exigen con masivas manifestaciones una formación pública de calidad, en un país con uno de los sistemas educativos con más desigualdades del mundo, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).