Al terminar el día unas 2.000 personas solamente manifestaban delante del palacio presidencial en la capital egipcia, según un periodista de la AFP, lejos de las masivas manifestaciones de las últimas semanas que obligaron al presidente islamista Mohamed Mursi a retirar un decreto con el que se arrogaba poderes excepcionales.
Unos centenares de manifestantes se dirigieron también a la emblemática plaza Tahrir, respondiendo al llamado de la principal coalición de la oposición de izquierdas y liberal que pidió a sus partidarios desfilar "para defender las libertades, impedir el fraude y rechazar el proyecto de Constitución".
"No estamos de acuerdo con esta Constitución y no reconocemos la validez del referendo", declaró uno de ellos, Ayub Lauindi.
La primera parte de la votación, que implicó a cerca de la mitad de los 51 millones de los electores inscritos, dio casi un 57% de aprobación al proyecto apoyado por Mursi y sus Hermanos Musulmanes, según resultados oficiosos.
La otra mitad de los incriptos deben votar el 22 de diciembre. Recién después de esta fecha se comunicarán los resultados oficiales.
Las cifras oficiosas llevan a pensar que el texto será adoptado, a pesar del decidido rechazo de una oposición que le reprocha favorecer una islamización acentuada del país y de ofrecer pocas garantías para las libertades.
La oposición y las ONG denuncian también que el voto presentó numerosas irregularidades.
El ministerio de Justicia anunció que había designado jueces para que investiguen estas presuntas irregularidades.
El sector presidencial hace valer que este proyecto de Constitución debe traer una estabilidad institucional a Egipto, y cerrar la agitada transición consecutiva a la caída del régimen de Hosni Mubarak a comienzos de 2011.
Una vez más, el poderoso ejército egipcio advirtió contra los riesgos de una crisis prolongada.
"Las divisiones afectan a la economía y amenazan la paz social, lo que exige cerrar filas, renunciar a los diferendos y hacer que prevalezca el interés general", declaró el ministro de la Defensa y comandante de las fuerzas armadas, general Abdel Fattha al Sissi, citado por la prensa.
El Fondo Monetario Internacional anunció la semana pasada el congelamiento de un pedido de El Cairo para obtener un préstamo de 4.800 millones de dólares, y el lunes Alemania indicó que suspendía la anulación parcial de la deuda egipcia debido a sus inquietudes sobre lo que estaba pasando en el país.
Además, la justicia suiza decidió vedar de momento el acceso sin restricciones de las autoridades egipcias al expediente sobre el proceso penal abierto contra las personas vinculadas al ex régimen.
En este contexto, el Club de los Jueces del Consejo de Estado se unió el lunes a los numerosos magistrados que se niegan a participar en la vigilancia de las urnas para denunciar una injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos judiciales. La presencia de magistrados es obligatoria en las oficinas de votación.
Las tensiones entre el poder y la justicia también se manifestaron el lunes en la noche con la dimisión del nuevo fiscal general Talaat Ibrahim Abdalá, cuyo nombramiento hace menos de un mes por el presidente Mursi era muy cuestionado.
Abdalá reemplazaba al fiscal Abdel Meguid Mahmud, acusado por el poder de ser complaciente con personalidades del anterior régimen. Su destitución por orden de Mursi había sido denunciada por numerosos magistrados como un atentado contra la independencia de la justicia.