La AEB indicó que todos sus miembros tomaron el jueves pasado el compromiso por razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social de paralizar las expulsiones durante los próximos dos años en los casos de extrema necesidad.
La asociación no precisa los criterios que definen los casos extremos pero indica que fue alertada por la alarma social que generó la expulsión de propietarios.
Este anuncio se produce cuando el gobierno presenta este lunes las propuestas a la oposición socialista para concertar medidas de urgencia en el sector.
Con 350.000 propietarios sobreendeudados expulsados desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2008, este fenómeno es una de las manifestaciones más claras de la crisis económica en España.
Estas últimas semanas tuvo un cariz dramático cuando dos propietarios a punto de ser expulsados se suicidaron, lo que provocó manifestaciones.
La AEB explicó el lunes que su nuevo compromiso, que tomó ante el secretario de Estado de Economía, fue objeto de un importante debate entre sus miembros.