Silvio Berlusconi

Esta decisión complementa la condena a cuatro años de cárcel del Cavaliere por fraude fiscal en el caso Mediaset.

Berlusconi, ausente en la audiencia de este sábado, puede ahora apelar la sentencia ante el Tribunal de Casación.

El veredicto puede costarle al tres veces primer ministro su cargo como senador, pero para eso, la cámara deberá validar la decisión judicial de este sábado, al cabo de un procedimiento que puede durar semanas o meses.

La expulsión del Senado sería una humillación para el magnate de la prensa, que ha desempeñado cargos parlamentarios desde que entró en política en 1994.

"Ésta es la última pieza de un mosaico que pretende eliminar de la escena política al líder de 10 millones de italianos, y que va a fracasar", dijo en una primera reacción Renato Schifani, principal senador de la formación de Berlusconi, el Pueblo de la Libertad.

El Tribunal de Casación, máxima instancia jurisdiccional, confirmó el 1 de agosto la condena del magnate de la prensa a una pena de cárcel por fraude fiscal, pronunciada previamente en instancia de apelación.

Sin embargo, la Corte anuló otra pena "accesoria" que prohibía a Berlusconi, de 77 años, ejercer un cargo público durante cinco años, y consideró que había que reducirla a un período de entre uno y tres años.

Finalmente serán dos, en virtud de la decisión del tribunal de apelación milanés.

En cuanto a la pena de prisión, cuatro años reducidos a uno gracias a una amnistía, no la purgará en la cárcel por razones de edad. Las otras opciones son servicios de interés general o arresto domiciliario.

El ex mandatario ha decidido hacer trabajos de interés general en Roma, donde ha fijado su residencia. Pero un tribunal deberá validar esa opción, y el lugar en el que el ex primer ministro tendrá que realizarlos.

Esta última condena podría hacerle perder por la vía rápida su escaño en el Senado, en virtud de la ley Severino, que prevé la expulsión de los parlamentarios condenados de forma definitiva a una pena de prisión de más de dos años.

Berlusconi está acusado de "inflar" artificialmente el precio de los derechos de difusión de películas, comprados a través de sociedades pantalla de su propiedad y vendidos a Mediaset, un sistema que permitía al grupo reducir los beneficios en Italia y pagar menos impuestos. Se calcula que el fisco dejó de recibir unos 7 millones de euros.

El principal temor a nivel político, después de esta decisión, es que regrese el clima de tensión previo al 2 de octubre, cuando el frágil gobierno de coalición de Enrico Letta ganó el voto de confianza del Parlamento, sorteando una maniobra de Berlusconi.

"Creo que lo que necesita este país es cualquier cosa menos inestabilidad política", comentó Giorgio Squinzi, líder de la patronal italiana (Confindustria), en una conferencia después de la decisión judicial de este sábado.

"Los mercados reaccionan de inmediato, y ya lo hemos visto estas semanas pasadas", dijo.

La economía italiana, la tercera de la Eurozona, sigue debatiéndose contra una recesión que dura dos años y ha llevado el desempleo a niveles récord.