En una nota diplomática enviada a Brasilia "expresamos nuestra profunda preocupación por la transgresión del principio de reciprocidad y cortesía internacional", dijo Choquehuanca, en referencia a la huída de Pinto de la embajada brasileña en La Paz el fin de semana pasado, donde permanecía asilado desde mayo de 2012.
"Por ningún motivo podía el senador Pinto abandonar el país sin salvoconducto", protestó el jefe de la diplomacia boliviana.
Con ese acto, "se han violado los mecanismos de cooperación que existen entre Estados establecidos en la Convención Interamericana de la Organización de Estados Americanos y la Convención de Naciones Unidas", abundó.
Además, el canciller boliviano deploró "que al amparo de la inmunidad diplomática se transgredan normas nacionales e internacionales facilitando la huida del país del senador Pinto".
El domingo, la ministra de Comunicación boliviana, Amanda Dávila, había dicho que el caso "no afecta las relaciones con Brasil, que se mantienen en una situación de absoluta cordialidad y respeto".
Según versión del encargado de negocios de la legación brasileña en La Paz, Eduardo Saboia, él mismo habría ayudado a Pinto a huir a Brasil, país que le había concedido asilo político.
Saboia aseguró que decidió ayudar a Pinto a escapar "porque había un riesgo inminente a la vida y a la dignidad del senador" boliviano.
"Tenía un problema de depresión que se estaba agravando. Tuvimos que llamar a un médico y él (Pinto) comenzó a hablar de suicidio", afirmó el diplomático.
Pinto escapó de La Paz en un coche de la embajada brasileña, escoltado por otro automóvil diplomático con militares brasileños en un viaje de 22 horas, a lo largo de 1.600 km, hasta Corumbá (estado de Mato Grosso do Sul, centro oeste), en la frontera entre ambos países.
"Un vehículo diplomático no puede ser objeto de revisión en ninguna tranca y en ningún peaje. Forma parte de la jurisdicción soberana del país en cuestión, en este caso de Brasil", explicó el Ministro del Interior, Carlos Romero.
Carta de Pinto a bolivianos
La oficina del partido opositor al que pertenece Pinto, Convergencia Nacional, distribuyó este lunes una carta que el senador derechista dirige al país fechada en Brasil.
"He recuperado una libertad que me fue injustamente arrebatada hace 454 días. Con esto termina una larga jornada de protesta en contra de la violación de los derechos humanos en Bolivia", dice la misiva.
"Mi libertad la debo a Brasil", asegura al agradecer a la presidenta Dilma Rouseff, al embajador Marcel Biato y al encargado de negocios Eduardo Saboia.
Señala además que continuará siendo "un militante en contra del narcotráfico que envilece a Bolivia. Contra la corrupción, el abuso de poder y la humillación de los bolivianos que piensan distinto" que Morales.
Antes de solicitar asilo a Brasil, Pinto entregó información reservada al gobierno boliviano sobre actos de corrupción y vínculos de autoridades del Ejecutivo con el narcotráfico.
El parlamentario explicó en su momento que el contenido de estas denuncias nunca fue revelado, ni los hechos fueron investigados y que, en cambio, el oficialismo le entabló una veintena de procesos, la mayoría por desacato.
En junio pasado, un tribunal local sentenció a Pinto a un año de cárcel por malversación de fondos cuando fue funcionario público en el año 2000, decisión que su defensa anunció que apelaría.
El canciller boliviano dijo este lunes que sobre Pinto pesan además cuatro órdenes de arraigo.
Un mal precedente
La fuga "puede ser un mal precedente no sólo para Bolivia sino para la comunidad internacional si es que al amparo de la inmuniad diplomática vamos a permitir actos ilegales", se quejó el canciller boliviano.
Choquehuanca insistió también en que Pinto no es un perseguido político sino que es acusado por delitos penales y corrupción, por lo que considera que su salida del país es una fuga.
Al mismo tiempo, el gobierno boliviano intenta avanzar con su propia investigación de los hechos.
"Se ha pedido la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad allí donde existan, en los puntos de peaje y los informes de los puntos de control", comentó el ministro del Interior boliviano, Carlos Romero, a la televisora privada Unitel.
En Sucre, capital del Poder Judicial, Roberto Gutiérrez, Fiscal General interino, declaró a la prensa que "se analizarán todos los mecanismos legales destinados a garantizar la presencia de Pinto dentro de todos los procesos" que se le han instaurado.