La votación volvió a demostrar el alto grado de polarización del pueblo boliviano. El voto de los ciudadanos ratificó la voluntad y necesidad de cambios profundos, pero al mismo tiempo ha confirmado una preocupante contraposición de posiciones entre Oriente y Occidente.

Ya no es posible cerrar los ojos a una realidad que martilla la unidad de la Patria, mientras la intolerancia, el racismo y los radicalismos se anteponen a la clamorosa demanda ciudadana porque los líderes nacionales y regionales piensen más en la Patria que en la imposición de ideologías forzadas.
Con base en el resultado provisional en boca de urna -ya que para un criterio definitivo es necesario esperar el resultado oficial de la Corte Nacional Electoral-, ha llegado a su fin la vigencia de la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolívar y Sucre que nació prácticamente con la República, aunque entró en vigencia en 1826, un año después de la fundación de Bolivia. La vieja Constitución, sufrió 17 reformas de fondo y decenas de parches que hicieron posible la convivencia nacional, con más avances que retrocesos, pero con vacíos que obligaron a que el pueblo demande un cambio total. El mayor daño que sufrió la vieja Constitución, ha sido su vulnerabilidad, ya que fue atropellada decenas de veces por regímenes de facto. Inclusive gobiernos constitucionales la violaron reiteradamente. Pese a ello, fue la garantía que permitió la construcción de la democracia, primer en forma precaria, y luego con avances profundos.
La "vieja" CPE estableció primero las libertades ciudadanas y la independencia nacional, posteriormente, con varias reformas, consagró la igualdad de los ciudadanos, estableció los derechos y deberes de la persona y las garantías individuales, hasta determinar, en las últimas reformas, que el pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la consulta popular, el referéndum, y la iniciativa legislativa ciudadana.
Pero los errores de los distintos partidos políticos en función de gobierno, de los gobernantes de turno y de una serie de factores, debilitaron la Carta Magna, desencadenando una ola de movimientos y presiones para cambiar todo, mediante una nueva Constitución. La misión fue encomendada a la Asamblea Constituyente que con muchos sobresaltos redactó un proyecto de Nueva Constitución Política del Estado.
El proyecto fue reacomodado y parchado en forma inconstitucional por el Congreso, que se tomó atribuciones que no tenía, intentando hacer del proyecto algo digerible, mediante un acuerdo del MAS y PODEMOS, que finalmente fue consensuado en el Parlamento, dando vía libre a la convocatoria del referéndum que ayer permitió al pueblo decir su palabra.
Lo que ocurrió en consultas anteriores se ha vuelto a mostrar, esta vez con ligeras variaciones, señalando a más de la mitad del país en desacuerdo con la otra parte. La llamada "media luna" mantiene su posición contestataria, se ha opuesto al texto constitucional, mientras las regiones occidentales han vuelto a identificarse con las propuestas del gobierno. De todas maneras, los resultados objetivos no dan para triunfalismos, y más bien para meditar sobre lo difícil que será implementar la nueva CPE, pese a haberse impuesto el Sí, ya que existe una oposición regionalizada que ofrece escasas y complicadas alternativas de consenso.
Dependerá mucho, ahora, de una lectura apropiada que efectúe el gobierno, para comprender el significado de la voluntad expresada en las urnas, y de esta manera, se busque concertar con los Departamentos que tomaron la decisión de ser autónomos, y juntos puedan lograr hacer compatibles los estatutos autonómicos con el nuevo texto constitucional. De lo contrario, el país puede esperar días difíciles en el camino del cambio y la necesidad de acumulación de energías para enfrentar las adversidades coyunturales que se preven para la gestión 2009.