BRASILIA, Yana Marull, (AFP) - En el primer día de un juicio, el juez relator, Eros Grau, recomendó a la corte no aceptar el pedido de revisar la amnistía, y consideró que le corresponde al Congreso legislar al respecto. Terminado su argumento, que duró varias horas, el juicio fue aplazado para el jueves.
La Ley de Amnistía de Brasil, que data de 1979, permitió liberar a presos políticos y el retorno de exiliados, pero por una interpretación de su texto ambiguo también libró de juicio a los represores de la dictadura, de los cuales ninguno ha sido juzgado, al contrario de lo que ocurre en otros países de la región.
La acción pidiendo una reinterpretación de la Ley fue abierta por el gremio de los abogados y apoyada por la asociación nacional de magistrados.
"La OAB (Orden de Abogados de Brasil) espera que el Supremo Tribunal Federal interprete que para los delitos comunes, como la tortura, (la amnistía) no sería aplicada", explicó el presidente de la entidad, Ophir Cavalcante.
El tema levanta la oposición frontal de los militares, y el ministerio de Defensa pidió a la corte que no lo analice. También acarrea posiciones encontradas en el gobierno izquierdista, que acoge a ex guerrilleros y militantes contra la dictadura.
El presidente Luiz Inacio Lula da Silva, que sufrió prisión en la dictadura, evita la polémica y ha dicho que lo más importante "no es sancionar a los militares, sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos".
Mientras, la Procuraduría General de la República entregó a la corte una opinión contraria a la revisión.
Las organizaciones de derechos humanos, que defienden la aplicación de las convenciones internacionales que impiden amnistiar delitos de lesa humanidad, presionan por una modificación de la interpretación de la ley.
"¿Brasil finalmente enfrentará los crímenes de su pasado?", cuestionó Amnistía Internacional. "Es extraordinario que en el siglo XXI persistan dudas sobre si esos delitos pueden ser aceptados. (...) La ley de amnistía ha protegido a funcionarios del Estado acusados de tortura, asesinatos y violaciones durante el régimen militar", expresa.
En Brasil, el Estado reconoce 400 desaparecidos y muertos de la dictadura.
Las deliberaciones de la justicia brasileña coinciden con una gran polémica en España, donde el juez Baltasar Garzón (conocido por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet) enfrenta un juicio por iniciar una investigación, en 2008, sobre unos 114.000 desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-39) y los primeros años del franquismo.
Garzón es acusado de saltarse la ley de 1977 que amnistió los delitos cometidos en la época.
Sí se han revisado las amnistías en otros países de Sudamérica, donde las férreas dictaduras del Cono Sur comenzaron en Paraguay (1954-89) y siguieron en Brasil (1964-85), Uruguay (1973-85), Chile (1973-90) y Argentina (1966-73 y 1976-83).
En Argentina, donde según organismos de derechos humanos hubo 30.000 desaparecidos, el Congreso derogó en 2003 las leyes de amnistía que exculpaban a un millar de militares.
En Uruguay dos ex dictadores y ocho represores están en la cárcel, por homicidios, secuestros y desapariciones forzadas.
En Chile, unos 500 militares están bajo proceso, el primero abierto contra el fallecido dictador Augusto Pinochet en 1998.
Mientras, en Paraguay varios jefes militares y policiales fueron condenados.


Menchú afirma que el proceso contra el juez Garzón compromete el futuro de España


Por otra parte,la dirigente indígena guatemalteca y Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, afirmó este miércoles que el juicio programado contra el juez Baltasar Garzón compromete el "futuro" de España, considerado "el paradigma en la aplicación de justicia universal".
"Lo que sucede en España es una autocensura. Lástima por tantos procesos de justicia universal que se han tramitado en España, como los de Argentina, Chile y Guatemala", dijo Menchú a la AFP.
"Esto (la persecución contra Garzón) es un obstáculo para la aplicación de justicia en el futuro de España", agregó la Premio Nobel de la Paz 1992.
Menchú puntualizó que "España es el epicentro de la lucha contra la impunidad, el genocidio, el terrorismo y violaciones de lesa humanidad" y tildó de "retroceso" la admisión de procesos contra el juez Garzón.
En una carta que divulgó Menchú el martes, afirmó que las denuncias contra el jurista español "están atadas más que a razones penales a razones de orden político" debido a su intención por investigar crímenes del franquismo.
El juicio a Garzón sembró la polémica en España y levantó una ola de apoyos en el exterior, sobre todo en América Latina, donde el juez de 54 años es reconocido por lograr la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, en 1998.

El Gobierno argentino insta a juzgar a los reponsables civiles de la última dictadura

La declaración de inconstitucionalidad de un indulto que en 1990 favoreció al ex ministro de Economía José Martínez de Hoz, ideólogo de la dictadura, abre las puertas a juzgar a los cómplices civiles del régimen, dijo el miércoles el ministro de Justicia, Julio Alak. El fallo "abre la puerta a un nuevo camino para la definitiva recuperación de la memoria, porque ya es hora de juzgar y condenar la complicidad civil con la última dictadura militar", dijo Alak.
"Martínez de Hoz fue el brazo ejecutor de un modelo económico que, ensangrentado con la muerte y la desaparición de 30.000 argentinos, se apropió de la riqueza nacional, cuyas consecuencias, como la deuda externa y la exclusión social, constituyen una pesada herencia para la consolidación de la democracia", insistió.
El ministro saludó así un fallo del martes de la Corte Suprema de Justicia, que anuló los indultos que favorecieron a Martínez de Hoz y al ex dictador Jorge Videla en una causa por la detención ilegal durante cinco meses, entre 1976 y 1977, de Federico Gutheim y de su hijo Miguel, dueños de una empresa textil.
Por esta causa, Videla, Martínez de Hoz y el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy habían sido procesados en 1988, pero dos años después fueron indultados por el ex presidente Carlos Menem (1989/99) antes de sentarse ante un tribunal que dicte sentencia.
Según Alak, el fallo de la Corte "era esperado por todos los argentinos, porque el pueblo sabe que el genocidio llevado a cabo por la dictadura militar tenía intereses económicos y financieros como ideólogos y beneficiarios".
Con la decisión del alto tribunal, el ex ministro de Economía quedó a un paso de ser detenido, pero la sentencia no modifica la situación de Videla, quien ya está preso por graves violaciones a los derechos humanos.
Unas 1.500 personas están acusadas de crímenes de lesa humanidad, la mayoría militares e integrantes de fuerza de seguridad, en unas 320 causas judiciales abiertas en Argentina desde la anulación en 2003 de leyes de amnistía.