El juicio de lo que es la mayor masacre perpetrada en Noruega desde la Segunda Guerra Mundial, que se celebrará entre grandes medidas de seguridad y un considerable interés mediático, se iniciará a las 09H00 locales (07H00 GMT).
La primera jornada estará consagrada a la lectura del acta de acusación y a las observaciones preliminares del ministerio público, que procesa a Breivik por "actos de terrorismo". El acusado también tendrá oportunidad de expresarse sobre su culpabilidad.
Su abogado, Geir Lippestad, ha indicado que se declarará inocente. Aunque reconoció los hechos, Breivik estima haber actuado "en legítima defensa" en contra de "los traidores de la patria" culpables, en su opinión, de entregar la sociedad noruega al islam y al multiculturalismo.
El extremista de 33 años debería tomar la palabra a partir del martes para explicar su gesto, que ya ha calificado de "atroz pero necesario".
El 22 de julio de 2011, Breivik mató primero a ocho personas al detonar una bomba a los pies de la torres que alberga la sede del primer ministro laborista, ausente en el momento del atentado.
Luego, disfrazado de policía, durante más de una hora disparó contra los miembros de la Juventudes Laboristas reunidos en un campamento de verano en la isla de Utoeya, cerca de Oslo, que dejó otras 69 víctimas, esencialmente adolescentes.
El principal punto de interrogación del juicio que debería durar 10 semanas será el de la salud mental del acusado.
Juzgado psicótico y por lo tanto penalmente irresponsable en un primer informe de los psiquiatras el año pasado, el acusado fue luego declarado penalmente responsable por un nuevo informe publicado el 10 de abril.
En último recurso, serán los cinco jueces del tribunal de Oslo los que tendrán que decidir sobre esta delicada cuestión en su veredicto que se espera en julio.
Si Breivik es finalmente reconocido como penalmente responsables, se arriesga a 21 años de cárcel, una pena que podría ser ampliada mientras que siga considerado como peligroso.
En el caso contrario, será sometido a un tratamiento psiquiátrico en un establecimiento cerrado, potencialmente de por vida.
En la cárcel o en un manicomio, la fiscalía espera que el asesino no recupere nunca más la libertad.
"Nos costaría mucho verlo pasear por la calle dentro de unos años," dijo a la AFP Svein Holden, uno de los fiscales encargados del caso.
En cuanto a los parientes de las víctimas, dicen sólo esperar una cosa: que se haga justicia.
"Queremos un juicio limpio, serio, que condene al culpable y que esclarezca lo que ocurrió el 22 de julio", confió a la AFP Trond Blattmann, presidente del grupo de apoyo a las víctimas, y que perdió a un hijo en la matanza de Utoeya