El proyecto de ley ha salido adelante con los votos de los partidos que apoyan al Gobierno catalán y de CiU, mientras que han votado en contra los representantes del PPC y se han abstenido los tres diputados del grupo mixto.
La ley reconoce el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre el destino de sus parientes desaparecidos, a dignificar y señalizar el lugar del entierro y, si corresponde, a la recuperación de sus restos.
Para que el Govern sufrague la apertura de la fosa común, deberán pedirlo primero familiares del desaparecido o bien una institución o entidad dedicada a la recuperación de la memoria histórica, luego un comité técnico deberá dar su visto bueno tras comprobar que hay pruebas documentales y en último lugar la Generalitat decidirá.

Ensayo en Gurb

El Ejecutivo catalán ensayó el protocolo para las exhumaciones en una fosa común de Gurb (Barcelona) a finales de 2008, donde un equipo de investigadores identificó a cuatro soldados republicanos de Gavà desaparecidos durante la Guerra Civil a partir de los restos humanos hallados en la zona, un proceso que costó 60.000 euros.
En este caso, la Generalitat tenía la autorización del propietario de los terrenos para abrir la fosa, pero un aspecto de la ley es que contempla aplicar una ocupación temporal con indemnización en casos en los que se deban exhumar cuerpos y el dueño de la parcela no esté de acuerdo.
Aunque la Generalitat ya ha recibido 18 peticiones de información de particulares y ayuntamientos sobre posibles actuaciones una vez aprobada la ley, la mayoría están interesadas en dignificar y señalizar fosas.
El Gobierno catalán ha contabilizado un total de 179 fosas comunes en esta comunidad, pero sólo prevé la apertura de unas dos o tres cada año.

"Olvido y menosprecio"

El conseller de Relaciones Institucionales, Joan Saura, ha lamentado el "olvido" y "menosprecio" de las víctimas republicanas durante la dictadura.
Sin embargo, ha remarcado que no habrá "distinciones" entre víctimas por cuestiones ideológicas y ha reprochado la negativa del PPC a apoyar la ley.
Como respuesta, el diputado conservador Rafael López ha subrayado que el PPC siempre ha estado "con las víctimas", que en España "nunca se ha perdido la memoria histórica" y que fue con la mayoría absoluta del PP cuando "surgen las políticas de memoria histórica".
Asimismo, al igual que el diputado de Ciudadanos, Albert Rivera, el representante del PPC ha lamentado que Saura pretenda una gestión ideológica de este derecho de los ciudadanos.
El rifirrafe dialéctico entre conservadores y ecosocialistas ha continuado con la intervención del presidente del grupo parlamentario de ICV-EUiA, Jaume Bosch, quien ha criticado al PPC por pretender con sus enmiendas extender el alcance de la ley a la II República, una "ofensa al sistema democrático", ha concluido.

59 años abriendo fosas

A pesar del apoyo de CiU, el diputado Santi Vila ha alertado al Gobierno catalán de que el reto de la exhumación de fosas no debe ser el "principal", ya que abrir las 179 fosas localizadas en Catalunya costaría 16 millones y se alargaría durante 59 años, ha dicho.
Por ello, ha pedido centrar los esfuerzos en dignificar y señalizar las fosas, unos comentarios con las que ha marcado distancias el diputado de ICV-EUiA al subrayar la importancia para cada familiar de tener los restos de sus parientes desaparecidos.
Por su parte, el diputado del PSC-CpC Josep Maria Balcells ha destacado que la ley supone un "compromiso legal y moral con los desaparecidos" y una "nueva oportunidad para hacer las paces con el pasado", mientras que la representante de ERC, la escritora Maria Mercè Roca, ha sentenciado que "los muertos por los cuales nadie se había preocupado serán ahora de todos".