"El tema de la educación vuelve a salir a las calles para demostrar que nosotros seguimos con este movimiento y no hemos bajado los brazos", confirmó a la prensa, Camila Vallejo, dirigente estudiantil.
Tras el anuncio, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que no dará permiso para que estas marchas se desarrollen por el centro de Santiago, por donde ya se desarrollaron tres masivas protestas estudiantiles que culminaron con disturbios y enfrentamientos con policías.
"La marcha no será autorizada por nuestro gobierno, por los daños que produce a la propiedad y a las personas y a carabineros. Vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias para hacer respetar la decisión. El tiempo de las marchas terminó", dijo a la prensa Hinzpeter.
Pese a la negativa del gobierno, los estudiantes afirmaron que las manifestaciones se realizarán por el centro de Santiago, en dos etapas: la primera la efectuarán los estudiantes de secundaria, quienes marcharán durante la mañana del jueves, mientras que los universitarios lo harán por la tarde.
"Si no se autoriza (la marcha), este nivel de represión y de disturbios, que no esperemos que ocurran, va a ser mayor. Lo más probable es que sí se marche por ahí de todos modos", dijo en rueda de prensa, Freddy Fuentes, vocero de los estudiantes de secundaria.
Las protestas fueron anunciadas a pesar de que el ministro de Educación, Felipe Bulnes, entregara el lunes una propuesta de 21 puntos -la segunda que ofrece el gobierno desde que estalló el conflicto- a los dirigentes estudiantiles, quienes deberían responder el viernes.
Sin embargo, fuertes sindicatos estudiantiles, el de la Universidad Católica, de la Universidad de Santiago, y de la Universidad de Concepción, ya rechazaron la propuesta, porque "no está a la altura ni de las expectativas generadas ni de las necesidades del país", afirmaron en un comunicado.
La propuesta del gobierno acoge una de las principales banderas de lucha de los estudiantes: consagrar en la Constitución el derecho a una educación de calidad, cuya responsabilidad está hoy en manos de los padres de los jóvenes.
Plantea además un aumento en becas y la rebaja de intereses de los créditos, junto a un fondo adicional de 4.000 millones de dólares (equivalentes al 40% del actual presupuesto de educación) para los próximos cuatro a seis años.
No obstante, acoge sólo parcialmente el principal reclamo de acabar con el lucro en la educación, prohibido en la legislación chilena pero burlado a través de resquicios legales, y que el gobierno propone sea fiscalizado a través de la creación de una Superintendencia.
"Que el gobierno insista en que el lucro sea fiscalizado y no prohibido es un doble retroceso. Esta era una demanda histórica desde el 2006 y ahora deja invalidado el argumento del gobierno de que se iba a asegurar la calidad", sostuvo a la prensa Eduardo Salazar, dirigente estudiantil.
Por su parte, los estudiantes de secundaria, quienes mantienen tomados centenares de colegios en Santiago y que decidieron hace dos semanas instalar una huelga de hambre líquida que actualmente realiza una decena de escolares, también criticaron la propuesta.
"La iniciativa del Ministerio de Educación tiene una ambigüedad tremenda y un enredo de palabras; usan conceptos superficiales y tienen una visión bastante de parche de lo que implica la educación, cuando nosotros buscamos un cambio estructural", declaró Daniela Isla, vocera de los estudiantes de secundaria.