"Yo fui desplazado del municipio de El Charco, donde me tocó dejar todas mis pertenencias luego de un operativo el 22 de marzo de 2007. Salimos 8.500 personas por un combate entre las FARC y el Ejército", cuenta a la AFP este hombre de manos callosas, líder de la Asociación de Desplazados del Pacífico Sur.

Más de 15.000 personas, la mayoría negros e indígenas, fueron expulsadas en 2007 de El Charco, Nariño (suroeste), uno de los municipios más golpeados por las huidas masivas ante la violencia desatada por operativos contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), la mayor y más antigua guerrilla del país, según datos oficiales.

"Las FARC no pelean solas, pelean con el Estado y la afectada es la población civil", resume Montaño, que hoy sobrevive como puede en Guapi (Cauca, suroeste), donde más del 80% son desplazados por las FARC, pero también por paramilitares y agentes del Estado, principales protagonistas del conflicto que desangra a Colombia desde hace más de medio siglo.

La reparación de víctimas como Montaño, y de otros afectados por muertes, desapariciones, violaciones sexuales y despojo de tierras, entre otros crímenes denunciados, es el próximo punto en los diálogos de paz que tienen lugar desde noviembre de 2012 en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC.

Ambas delegaciones comenzarán a discutir el tema este martes y se espera que escuchen al primer grupo de damnificados el próximo sábado.

El pedido de Montaño es muy concreto: que haya un cese al fuego y que se den garantías a las víctimas. "No necesitamos más muertos y desaparecidos", dice.

Las negociaciones avanzan sin que las partes hayan establecido un alto el fuego como condición para iniciar los diálogos.

Según el estatal Centro Nacional de Memoria Histórica, el conflicto colombiano se ha cobrado unas 220.000 vidas desde 1958, el 81,5% de civiles. Colombia registra además 5,3 millones de desplazados, indicó Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados.

- Verdad y reconciliación -

Saber que pasó con su padre, secuestrado por las FARC el 3 de marzo de 2000 en Villeta (Cundinamarca, centro) cuando iba a pagar el rescate de su hermano plagiado, es el mayor deseo de Liliana Bustos. "Que nos digan dónde están enterrados nuestros muertos para poder hacer nuestro duelo", señala a la AFP.

El reclamo de verdad para todos, damnificados por la guerrilla pero también por paramilitares y agentes estatales, fue el denominador común del Foro Nacional de Víctimas que concluyó el martes pasado en Cali (oeste de Colombia) y que, por mandato de la mesa de negociaciones, llevará propuestas a La Habana.

"Queremos que los victimarios sean capaces de pedir perdón por el daño que causaron", afirma a la AFP Sigifredo López, único sobreviviente de una docena de diputados del departamento del Valle (suroeste) secuestrados por las FARC en abril de 2002 y ejecutados por guerrilleros en 2007 .

Para López, dejado en libertad en febrero de 2009, "el posconflicto debe ser ante todo un proceso de sanación y no de venganza", pero "el encuentro de víctimas y victimarios no tiene sentido si no surge una verdadera solicitud de perdón".

Jaime Hill, un empresario que en 1979 pasó más de cuatro meses secuestrado por guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo de El Salvador, sabe bien cuánto importa superar el odio en un proceso de paz.

"Hay que aprender a perdonar al enemigo", subrayó a la AFP en Cali este salvadoreño que junto con su captor, el excombatiente Juan Ramón Medrano, creó una fundación para el desarrollo integral de su país.

Para la sostenibilidad de la paz es necesario satisfacer los derechos de las víctimas, apuntó Christian Voelkel, analista para Colombia del centro de análisis International Crisis Group.

"La reconciliación sólo será posible si los máximos responsables de los crímenes más graves rinden cuentas, colaboran con el establecimiento de la verdad y si las víctimas reciben una reparación", dijo a la AFP.

En Colombia rige desde 2011 una Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que contempla una compensación económica de los afectados por el conflicto. Pero esa norma, aunque "crucial", no es suficiente desde el punto de vista de una justicia transicional holística, señaló Voelkel

"La negociación en La Habana no va a reemplazar la Ley de Víctimas sino a complementarla y ojalá perfeccionarla", opinó.