A continuación una explicación sobre lo que está en juego, los actores clave y el proyecto de reforma.

- ¿De qué programa de la NSA se trata? -

El artículo 215 del "Patriot Act", votado tras los atentados del 11-S, es la base jurídica utilizada por las administraciones Bush y Obama para justificar la creación secreta del programa de recopilación de datos telefónicos de la NSA, que salió a la luz después de que Edward Snowden filtrara documentos en junio de 2013. El artículo reduce las restricciones de empresas sobre la entrega al FBI de datos "pertinentes" a una investigación.

En el marco de este programa, aprobado por la Corte de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos (FISC), la NSA pide a los operadores telefónicos estadounidenses entregarle sistemáticamente todos los datos de las llamadas que transitan por sus redes. Luego, tratan esta inmensa base de datos para localizar a las personas en suelo estadounidense que estén en contacto con organizaciones terroristas extranjeras.

Este artículo fue aprobado nuevamente en 2011 por el Congreso con un amplia mayoría, con vigencia hasta el 1° de junio próximo.

El Congreso tiene tres opciones: no hacer nada, y dejar que expire el artículo, tras lo cual la Casa Blanca se comprometió a cerrar el programa; votar una extensión sin modificación; o adoptar una reforma.

- ¿Qué dice la justicia? 

Cuando salieron a la luz las revelaciones de Snowden, defensores de las libertades individuales acudieron a la justicia. El jueves, una corte de apelaciones federal de Nueva York declaró ilegal el programa, al considerar "excesiva" la interpretación de la NSA del artículo 215. No obstante, el tribunal se negó a emitir una orden judicial para detener el programa, argumentando que no tendría sentido porque la ley expira el 1° de junio próximo.

Hasta ahora, la Corte Suprema no ha tenido que examinar la constitucionalidad del programa, aunque sus detractores estiman que viola la cuarta enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos de "registros e incautaciones irrazonables".

- ¿Qué haría la reforma?

Un proyecto de ley, el USA Freedom Act, pondría fin a la recolección de datos, no sólo telefónicos sino también electrónicos. Los operadores conservarían los metadatos y la NSA podría tener acceso con la autorización de un juez, y únicamente si tiene un objetivo preciso.

La reforma mejoraría también marginalmente la transparencia de la FISC.

¿Quién la apoya? Decenas de empresas de informática, cuya imagen se vio afectada por su supuesta cooperación con la NSA (Consumer Electronics Association, Information Technology Industry Council, AOL, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Yahoo!...), ONG (Center for Democracy & Technology, Human Rights Watch...) y cientos de miembros del Congreso, en el que una alianza entre los republicanos libertarios y la izquierda del partido Demócrata juega un rol importante.

Por su parte, el presidente Barack Obama apoya la reforma desde el año pasado. La Cámara de Representantes votará la próxima semana.

- ¿Quién se opone a una reforma?

Dos grupos muy distintos, con objetivos diametralmente opuestos.

El primero incluye a políticos libertarios, asociaciones e informantes de la NSA, como Thomas Drake. Para ellos, los servicios de inteligencia encontrarán siempre una manera para justificar una vigilancia masiva en base al texto de reforma, y quieren que el artículo 2015 expire sin ser remplazado. También critican el hecho de que la reforma no incluye la supervisión de internet en el extranjero, como lo hizo el famoso Prism.

El segundo grupo está liderado por los republicanos tradicionales y cercanos al sector de inteligencia: el poderoso jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, y los miembros de las comisiones de inteligencia.

Aseguran que la reforma haría vulnerable a Estados Unidos, especialmente frente al grupo Estado Islámico que recluta a estadounidenses a través de internet. Este grupo aboga por una extensión pura y simple del artículo 215 hasta el 31 de diciembre de 2020.