"Lo que queríamos es que la Justicia actuara como actúa cuando hay cualquier crimen", afirmó Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en 2010 presentó una querella en Argentina para que la justicia de ese país investigue las desapariciones de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975).
Silva, uno de los principales artífices de la localización y apertura de fosas comunes en España, habló de la ejecución de uno de sus abuelos, fusilado por las fuerzas franquistas junto a otras 12 personas en octubre de 1936.
"A mi abuelo le secuestraron, le asesinaron y le tiraron a la cuneta con dos tiros en la cabeza", testificó. "Mi abuela se murió sin contarnos nada de lo que ocurrió con su marido", lamentó.
La fosa común fue localizada en 2000 y su abuelo, como otras víctimas, identificado mediante análisis de ADN, explicó en el marco del juicio contra Garzón, acusado por dos grupos de ultraderecha españoles de vulnerar una ley de Amnistía de 1977 por intentar investigar la suerte de 114.000 desaparecidos.
En el último día del proceso contra el magistrado, de 56 años, mundialmente famoso por la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 en Londres, el tribunal escuchará el miércoles las conclusiones de la acusación y la defensa. También podría intervenir Garzón.
De ser declarado culpable, Baltasar Garzón puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional, lo que representaría el fin de la carrera de este controvertido y mediático magistrado.
En base al concepto de justicia universal, criterio que Garzón utilizó para detener a Pinochet, la jueza argentina María Servini de Cubría aceptó una denuncia de familiares de víctimas del franquismo y a finales de 2011 pidió a España datos sobre ministros, militares y policías que actuaron entre 1936 y 1977.