Tras casi 70 años de conflicto y de décadas de esfuerzos diplomáticos, dirigentes israelíes y palestinos y expertos coinciden en que el retorno a las negociaciones parece ahora imposible.

El 30 de diciembre, los palestinos presentaron ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un proyecto de resolución exigiendo una retirada israelí de los territorios ocupados.

El proyecto fue rechazado, tras lo cual el presidente palestino, Mahmud Abas, como lo había anunciado previamente, presentó una demanda de adhesión a la CPI, con el objetivo de denunciar a los dirigentes israelíes por crímenes de guerra.

Israel calificó la iniciativa palestina de declaración de guerra diplomática y, como primera medida de represalia, congeló la entrega de 100 millones de euros de impuestos pertenecientes a la Autoridad Palestina.

Al mismo tiempo, el gobierno israelí prometió una respuesta más "dura y global".
 

"Israel podría multiplicar las medidas punitivas contra los palestinos a medida que se acercan las elecciones legislativas" del 17 de marzo, comentó Naji Charab, politólogo de la Franja de Gaza.

La espiral de iniciativas palestinas y sanciones israelíes recuerda lo sucedido en 2012, cuando el Estado palestino obtuvo el estatuto de observador ante la ONU, señalan los expertos.

Una vez más, dicen los analistas, Israel y su aliado y protector estadounidense se encuentran "ante un dilema".

Israel quiere "presionar a la Autoridad Palestina para impedirle que se presente ante la CPI, pero al mismo tiempo no quiere debilitarla, pues su interés está en que sea lo suficientemente fuerte para controlar Cisjordania" ocupada, dice a la AFP Robbie Sabel, jurista y exconsejera de la diplomacia israelí.

Muchos palestinos consideran que la Autoridad Palestina se ha convertido en un instrumento de los israelíes en Cisjordania a través de la cooperación en materia de seguridad.
 

Abas amenaza cada tanto con romper los acuerdos de cooperación en seguridad sin ir más allá debido a la importancia que tienen para la Autoridad en su rivalidad con Hamas, el movimiento islamista que controla la Franja de Gaza.

Si Abas suspendiese los acuerdos de seguridad, la única arma que le quedaría en sus manos sería la disolución de la Autoridad.

Para Naji Sharab, Ramala especula con el riesgo de explosión que esa disolución podría provocar en toda la región.

"La Autoridad apuesta a que la comunidad internacional presione a Israel para evitar eso", dice Naji Sharab.

Si la Autoridad Palestina muestra sus últimas cartas se debe a que "el proceso de paz" de Oslo (acuerdos de autonomía firmados en 1993) está muerto y enterrado y nos encontramos en una nueva etapa", dice Karim Bitar, especialista de Oriente Medio.
 

"El nuevo capítulo, el del pulso político, jurídico y de comunicación en la escena internacional, está en rodaje y su contorno no se ve aún claramente", agrega.

En ese contexto "nadie parece sacar ventaja", afirma Bitar.

Los palestinos se comportaron como "principiantes" en la ONU y los israelíes de forma "arrogante" y se "mostraron rígidos e inflexibles", agrega.

Por su parte, Estados Unidos continúa con su doble discurso que por un lado defiende los derechos humanos y por el otro desaprueba que los palestinos recurran a la CPI.

La actitud de Estados Unidos es una de las incógnitas de esta nueva fase.

Estados Unidos, inquieto por la agravación de la tensión, dice que se opone al recurso a la CPI y a las represalias financieras israelíes.

Sin embargo, el Departamento de Estado advirtió que el recurso a la CPI podría tener "consecuencias" sobre la ayuda de Estados Unidos a la Autoridad Palestina, que suma unos 400 millones de dólares anuales, vitales para el presupuesto y la estabilidad palestinos.