Congreso aprueba polémica ley de seguridad interior en México
DPA (Deutsche Press Agency-Agencia de Prensa Alemana)
Ciudad de México. - La Cámara de Diputados de México aprobó hoy la polémica ley de seguridad interior, que crea un marco jurídico para la actuación de los militares en el combate a grupos criminales y que es criticada por organizaciones de derechos humanos.
Con 262 votos a favor, 25 en contra y ninguna abstención, el dictamen fue avalado en poco más de una hora de discusión en la cámara baja y fue enviado al Ejecutivo para su promulgación. Unas horas antes, el Senado aprobó el dictamen con cambios después de una maratónica sesión.
Los diputados iniciaron la discusión del proyecto sin la presencia de miembros de partidos opositores, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), que se oponían a la aprobación de la ley, impulsada en su mayoría por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y apoyada por el opositor Acción Nacional (PAN, conservador).
La ley dota a las fuerzas federales de un marco legal para intervenir con operaciones excepcionales en casos en los que el presidente o los gobiernos estatales consideran que las fuerzas policiales son insuficientes para preservar la seguridad.
Desde 2006 hay miles de militares involucrados en labores de seguridad interna en México ante la falta de capacidad o el bajo nivel de profesionalización de la Policía para hacer frente a violentos cárteles del crimen organizado.
La estrategia, sin embargo, no ha frenado la violencia, cuyos índices se encuentran en sus peores niveles en dos décadas. Pese a esto, la presencia del Ejército y de la Marina es indispensable en varias comunidades y regiones para mantener un mínimo de seguridad.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como organizaciones como Amnistía Internacional se han pronunciado en contra de la ley por considerar que perpetúa la militarización de México y da pie a que se vulneren los derechos fundamentales.
Durante las discusiones en la Cámara de Diputados y el Senado, organizaciones civiles y personajes como el actor mexicano Diego Luna protestaron en contra del proyecto y pidieron que no se apruebe y que se genere un diálogo más amplio.
Entre los cambios que se hicieron al dictamen resaltan que ninguna protesta social pueda ser considerada como "amenaza a la seguridad" y se establece que las fuerzas federales tendrán que "respetar, proteger y garantizar" los derechos humanos. Los opositores consideran que esos cambios son "cosméticos".
El propio Enrique Peña Nieto llamó en días anteriores a aprobar la ley por considerarla de "imperiosa necesidad". El jueves, mientras era discutida en el Senado, el Gobierno mexicano emitió un comunicado en el que reiteraba la importancia de dar "un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las fuerzas armadas".
Los diputados iniciaron la discusión del proyecto sin la presencia de miembros de partidos opositores, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), que se oponían a la aprobación de la ley, impulsada en su mayoría por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y apoyada por el opositor Acción Nacional (PAN, conservador).
La ley dota a las fuerzas federales de un marco legal para intervenir con operaciones excepcionales en casos en los que el presidente o los gobiernos estatales consideran que las fuerzas policiales son insuficientes para preservar la seguridad.
Desde 2006 hay miles de militares involucrados en labores de seguridad interna en México ante la falta de capacidad o el bajo nivel de profesionalización de la Policía para hacer frente a violentos cárteles del crimen organizado.
La estrategia, sin embargo, no ha frenado la violencia, cuyos índices se encuentran en sus peores niveles en dos décadas. Pese a esto, la presencia del Ejército y de la Marina es indispensable en varias comunidades y regiones para mantener un mínimo de seguridad.
Organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como organizaciones como Amnistía Internacional se han pronunciado en contra de la ley por considerar que perpetúa la militarización de México y da pie a que se vulneren los derechos fundamentales.
Durante las discusiones en la Cámara de Diputados y el Senado, organizaciones civiles y personajes como el actor mexicano Diego Luna protestaron en contra del proyecto y pidieron que no se apruebe y que se genere un diálogo más amplio.
Entre los cambios que se hicieron al dictamen resaltan que ninguna protesta social pueda ser considerada como "amenaza a la seguridad" y se establece que las fuerzas federales tendrán que "respetar, proteger y garantizar" los derechos humanos. Los opositores consideran que esos cambios son "cosméticos".
El propio Enrique Peña Nieto llamó en días anteriores a aprobar la ley por considerarla de "imperiosa necesidad". El jueves, mientras era discutida en el Senado, el Gobierno mexicano emitió un comunicado en el que reiteraba la importancia de dar "un marco jurídico a la actuación de las distintas fuerzas del orden, incluyendo las fuerzas armadas".