Analistas coinciden en que el nuevo Congreso deberá allanar el camino de la legalización de los acuerdos de paz, aunque no sin antes sortear los obstáculos que pondrá el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), contrario a los diálogos con las FARC y cuya elección como senador está prácticamente asegurada.

"Este es un Congreso que va a tener la tarea de impulsar todas las actividades de orden legislativo en lo relativo al posconflicto, que sin duda van a ser muchas porque muchos de los acuerdos que se alcancen con las FARC en lo rural, en la participación política, etc, van a tener que desarrollarse legalmente", explicó a la AFP el politólogo y académico Alejo Vargas, autor del libro 'Ensayos de paz en medio de una sociedad polarizada'.

Para Angélica Latorre, investigadora del proyecto Congreso Visible de la Universidad de Los Andes, el debate sobre la paz dará "un poder increíble al Congreso", que manejará, por ejemplo, "la definición de qué se entiende como máximo responsable (de un crimen) o a quién se le dará amnistía".

Las FARC, principal guerrilla de Colombia, de tendencia comunista, adelanta desde noviembre de 2012 diálogos de paz en Cuba con el gobierno de Juan Manuel Santos, bajo una estricta confidencialidad.

Hasta ahora, las partes han llegado a acuerdos parciales sobre dos de los cinco temas en agenda: desarrollo rural y participación política. Pero Santos, que buscará a su vez la reelección en las presidenciales de mayo con la intención principal de firmar la paz, ha asegurado que este año deben sellarse todos los acuerdos con esa guerrilla.

Más discusión

Sin embargo, Santos -favorito para las elecciones presidenciales- seguramente no contaría con un Congreso tan unánime como el actual, en el que las voces disidentes a la coalición de centro-derecha con la que gobierna (conformada por el Partido de la U, el Partido Liberal, Cambio Radical y el Partido Conservador) no llegan a una decena de legisladores.

Por esto, y contando con el retiro del apoyo de algunos conservadores a su campaña reeleccionista, Santos tendrá que negociar más para vencer los obstáculos que coloquen en las discusiones parlamentarias tanto Uribe como otros miembros de su formación derechista Centro Democrático, que según estimaciones obtendría de 10 a 20 senadores y pocos representantes.

El Congreso de Colombia está compuesto por el Senado, con 102 escaños, y la Cámara de Representantes, con 166 curules.

"Centro Democrático va a hacer que la discusión sea más abundante, que haya un debate y que no se imponga simplemente una mayoría de Santos con sus aliados", explicó Latorre.

"Hay que tenerlos en cuenta así no sean mayoría, porque puede que estos factores inclinen la balanza, por ejemplo, en algunas votaciones sobre las reglamentaciones del marco legal para la paz", dijo Latorre, precisando que por ejemplo cuando se vaya a determinar a qué guerrilleros se les puede conceder amnistía se requerirá mayoría calificada, con dos tercios de los votos.

Sin embargo, Vargas señaló que "el uribismo tendría que tener más de 25 senadores para volverse realmente un obstáculo (...) si no, no habrá ningún problema (en pasar las leyes necesarias para consolidar la paz) y Uribe puede conformar una minoría bulliciosa pero no más".

Según un reciente sondeo de la consultora Cifras y Conceptos, Centro Democrático obtendría 14% de los votos al Senado, por detrás de los liberales (16%) y seguido por el Partido de la U (12%) y luego por los conservadores (6%), en tanto un 36% de los encuestados no dio respuesta.

Mientras, analistas aseguran que con facilidad la coalición de Santos tendrá entre 50% y 60% de las curules.

El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, explicó sobre la futura composición del Congreso que aunque "se habla de que un 90% de los candidatos apoyan el proceso de paz" realmente "es una incógnita cómo se van a comportar frente a los acuerdos de La Habana y cuánto van a apoyar las reformas que serán necesarias".

Valencia aludió así al hecho de que el diálogo entre gobierno y guerrilla es secreto, por lo que los candidatos no se atreven a adelantar posiciones sobre temas específicos y solo respaldan en genérico la negociación que pondría fin al conflicto de medio siglo, que ha dejado cientos de miles de muertos y 4,5 millones de desplazados.