La prefectura recurrió al tribunal administrativo de Pau después que el alcalde de Hendaya rehusara anular la autorización otorgada. En su recurso, argumentó que las ikastolas son "establecimientos de enseñanza privada" para los cuales "las subvenciones de inversión" y la "entrega de locales del dominio público" están "estrictamente prohibidas".
El alcalde de Hendaya, Jean-Baptiste Sallabery, argumentó, por su parte "el peligro de desaparición de la lengua vasca".
Hur Gorostiaga, director de la Federación de Escuelas Vascas de Inmersión Total (Seaska), denunció como "lengüicida" la política del gobierno francés.
Según Seaska, 3.000 niños están escolarizados en Francia en colegios que enseñan en lengua vasca, de ellos 2.000 en la enseñanza primaria y mil en la secundaria.