El fiscal general de la República, Francisco Dall’ Anese, y el director del Instituto Costarricense sobre Drogas, Mauricio Boraschi, han planteado con justificado énfasis la urgencia nacional de que se apruebe, sin más retrasos artificiales, el proyecto de ley para combatir el crimen organizado, actualmente en discusión legislativa. Su llamado, en una entrevista que publicamos el domingo, debe ser atendido por todos los diputados, especialmente por los dos que, de forma extemporánea, han planteado 148 mociones, la mayoría de ellas innecesarias y hasta contradictorias: Jorge Eduardo Sánchez y Bienvenido Venegas, ambos del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Como cualquier obra humana, el proyecto no es perfecto. Sin embargo, sí tiene todas las características para convertirse en una poderosa herramienta para enfrentarnos, con mucha mayor eficacia y siempre dentro del marco del derecho, a poderosos grupos de mafias nacionales e internacionales que ya operan, o desearían operar, en nuestro país.

Su articulado ha sido objeto de amplios estudios en comisión. En esa instancia, diputados de todas las fracciones, entre ellos Ana Helena Chacón, del PUSC, hicieron importantes aportes para mejorarlo. No dudamos que haya campo para un perfeccionamiento mayor, mediante mociones puntuales. Sin embargo, de aquí a inundar su trámite con una presentación masiva, hay gran distancia. Por esto, todo indica que la intención de Sánchez y Venegas es, simple y llanamente, entorpecer, o quizá hasta frustrar, la aprobación, por razones que desconocemos.

El crimen organizado es uno de los peores males contemporáneos. Por su magnitud, sus recursos y su carácter transnacional, la capacidad de sus diversos grupos para penetrar y corromper distintas instancias de las sociedades y, virtualmente, imponerse sobre el Estado, es enorme. Tenemos a mano, como ejemplos aterradores, a Colombia, México y Guatemala. El grado de influencia y de imposición sobre los organismos de seguridad y justicia en este último país es tal que algunos ya temen que llegue a convertirse en un narcoestado. En México, la virulencia de sus acciones produjo el año pasado más de 5.000 muertes, y Colombia apenas comienza a salir de lo peor, pero luego de una verdadera tragedia.

La mejor forma de evitar correr la suerte de esos países es mediante un conjunto de medidas preventivas, que permitan enfrentar al crimen organizado en sus etapas iniciales, cuando es más posible. Porque, una vez que se instaure y enraíce, será demasiado tarde. Esta acción temprana es la que, en gran medida, permitirá el proyecto de ley. Al dotar a la Policía y a las instancias judiciales de instrumentos más eficaces, expeditos, modernos y coordinados para desarrollar su acción, mejorarán sustancialmente las posibilidades de investigación, persecución, represión y sanción. Y todos los mecanismos que se establecen o refuerzan actuarán dentro de un estricto marco de derecho y apego a las garantías individuales, como corresponde en un país democrático.

No creemos, como teme el Fiscal General, que las 148 mociones de los diputados Sánchez y Venegas logren enterrar el proyecto. Aunque ellos se empecinen en su acción, confiamos en que la mayoría de legisladores se impondrá. Sin embargo, es importante que estos actúen con decisión y rapidez, sobre todo para que el mensaje a la delincuencia organizada sea claro y contundente: en Costa Rica no estamos dispuestos a tolerar su acción, nos estamos preparando para enfrentar su embate y tenemos voluntad y capacidad de hacerlo con las armas de la ley y del respeto, pero sin condescendencia. Es un mensaje que aún estamos a tiempo de proclamar y cumplir. Pero cualquier retraso puede ser fatal.