La polémica se originó a fines de 2010 tras la renuncia del obispo Gonzalo López, quien cumplió la edad de retiro de 75 años, de los cuales 40 al frente del vicariato de la provincia amazónica de Sucumbíos (noreste) con los Carmelitas Descalzos.
López fue reemplazado interinamente por el sacerdote argentino Rafael Ibarguren, de los Heraldos del Evangelio, una orden presente en 78 países que recibió el aval del Vaticano en 2001.
La llegada de la congregación a Sucumbíos (ya estaba presente en Quito y Guayaquil) desató el rechazo de pobladores allegados a los carmelitas, que han protestado en las calles.
"Ha habido desplazamiento de sectores vinculados al trabajo social, como las federaciones de mujeres. También diferencias en cuanto al trabajo en las misas", comentó a la AFP el vicecanciller ecuatoriano, Kintto Lucas, quien acusó a la orden de dividir a la población.
Correa, quien dice extrañar a la Iglesia latinoamericana de los años 60 y 70 marcada por la Teología de la Liberación, terció a favor de los feligreses, en un país con un 90% de católicos.
El mandatario amenazó con vetar a la orden que tachó de "secta fundamentalista" y "ultraconservadora". "Son tipos que se visten al estilo medieval, con sotana en plena selva amazónica, y que quieren borrar del mapa toda la acción pastoral y social" en Sucumbíos, criticó el pasado sábado.
Correa, quien está del lado de la Iglesia en el rechazo al aborto y el matrimonio gay y ha mantenido relaciones cordiales con sus jerarcas, aseguró que el "modus vivendi", el tratado de 1937 que regula las relaciones entre el Estado ecuatoriano y el Vaticano, lo faculta para vetar a los obispos.
"Ahí está la atribución legal, nunca se la ha utilizado y no la queremos utilizar, pero lo haremos si se pretende en forma tan descarada tratar de destruir todo un trabajo social", advirtió, señalando que ciertos prelados quieren una Iglesia de "ritos, cuestiones morales y golpes de pecho".
El vicecanciller explicó que los señalamientos de Correa se fundan en los "antecedentes (de la orden) en sectores vinculados con la dictadura en Chile y ultraconservadores en América Latina".
Además, indicó que hay indicios de "activismo político" o "propaganda religiosa", pues "se está discriminando a unos y aceptando a otros".
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Antonio Arregui, consideró esa versión como "carente de fundamentos" y acusó al gobierno de violar el "modus vivendi", al haber politizado el tema.
"Es una intromisión en la vida de la Iglesia; el gobierno pone su fuerza y prestigio por la expulsión de Los Heraldos. Tendrán que explicar por qué han politizado" el asunto, declaró Arregui a la AFP.
El prelado también defendió a la orden, cuyos miembros "no se encierran en una sacristía a rezar, despliegan actividades sociales y han ganado apoyos".
Lucas dijo que el gobierno pidió a la nunciatura una "solución" y que "si no la hay a futuro, se podría ver una revisión del 'modus vivendi'".
El historiador ecuatoriano Francisco Salazar, dos veces embajador ante la Santa Sede durante el papado de Juan Pablo II, descartó que Benedicto XVI vaya a sacar a Los Heraldos de Sucumbíos.
"Conozco casos en que el Papa ha designado gente a sabiendas de que no le gustaba al presidente de un país", comentó Salazar a la AFP, y estimó que a lo sumo a Ibarguren le pedirán "prudencia".
El analista político Xavier Flores consideró, en cambio, que "si hay una actuación incorrecta en términos legales alguien tendrá que ceder".
"Pero creo que no va a pasar de un 'impasse'", afirmó el catedrático de la Universidad de Especialidades del Espíritu Santo.