"Hemos llegado a la convicción de que no cabe otra actitud que no sea explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones que en ese entonces se incurrió", dijo el presidente del máximo tribunal de Chile, Rubén Ballesteros, en una declaración pública, al final de una reunión plenaria de jueces.
"A la hora presente y con la mesura y la altura de mira de hoy, claramente corresponde decir que constituyó una dejación de sus funciones jurisdiccionales", agregó Ballesteros.
La declaración surge en el marco de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado que derrocó el gobierno del socialista Salvador Allende e instaló la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90), el 11 de septiembre de 1973, la cual dio paso a una cruda represión de opositores, que se saldó con más de 3.200 muertos y 38.000 torturados.
El inédito reconocimiento surge también tras la declaración de la asociación de jueces del Poder Judicial, que pidieron perdón por la actuación de la justicia chilena en esa época, pues no protegió "a quienes fueron víctimas del abuso estatal", así como al explícito cuestionamiento del presidente Sebastián Piñera, quien afirmó que el Poder Judicial "no estuvo a la altura".
"Creo que el Poder Judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos y pudo haber hecho mucho más, porque por mandato constitucional le corresponde cautelar y proteger los derechos de las personas", dijo Piñera el jueves.
Más de 5.000 recursos de amparo, en favor de víctimas de la dictadura de Pinochet, por desapariciones o detenciones ilegales, fueron rechazados durante el régimen militar por los tribunales chilenos, que argumentaron no contar con la información suficiente para darles curso.
Por su parte, la abogada de derechos humanos, Carmen Hetz, recordó que casi al final del régimen se acogió un único recurso de amparo (Hábeas Corpus) pero de forma tardía, cuando la víctima ya había sido ejecutada.
"Frente a esta realidad, no cabe sino reconocer que si esos atropellos efectivamente ocurrieron, como lo fueron, en parte se debió a la omisión de la actividad de jueces de la época, que no hicieron lo suficiente para determinar la efectividad de dichas acciones delictuosas, pero principalmente de la Corte Suprema de entonces que no ejerció ningún liderazgo" para evitar actividades ilícitas que no podía ignorar, ya que les fueron denunciadas a través de numerosos requerimientos, agregó la declaración.
Durante la jornada, el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006) manifestó su desacuerdo con pedir perdón por los errores que se pudieron cometer en el gobierno de Allende ya que no hubo violaciones a los derechos humanos y se mantuvo el estado de derecho, en un seminario sobre la figura de Allende
. "No estoy de acuerdo con aquellos que creen que hay que pedir excusas por lo que hizo Salvador Allende en su gobierno. ¡No señor! No me cabe duda de que hubo errores, pero no horrores", declaró Lagos.

No pide perdón
El máximo tribunal del país, sin embargo, se abstuvo de pedir explícitamente perdón a las víctimas y sus familiares por sus omisiones durante la dictadura, tal como lo han hecho otros protagonistas de aquella época en los últimos días.
El expresidente del tribunal, Milton Juica, quien participó del pleno de este viernes, explicó a periodistas que se analizó un eventual pedido de perdón, pero que se acordó que ello debía hacerse en forma "personal".
El Poder Judicial chileno no fue intervenido por la dictadura de Pinochet, que sí cerró el Congreso y censuró a los medios de prensa.
Tras el retorno a la democracia, en 1990, la justicia lentamente comenzó a perseguir a los violadores a los derechos humanos, aunque con jueces que aplicaron un criterio diferente respecto a emplear o no la Ley de Amnistía que cubre los delitos políticos desde 1973 a 1978.
Hoy, los tribunales mantienen abiertas unas 1.300 causas por crímenes cometidos en los 17 años de dictadura, con unos 800 agentes civiles y militares procesados o condenados. De ellos, unos 70 cumplen la pena en la cárcel, casi todos en recintos militares especiales.
Manuel Contreras, jefe de la temida policía política de la dictadura, la DINA, que operó en los años más crueles del régimen, está en prisión, cumpliendo una condena de más de 200 años. Augusto Pinochet murió hace siete años, sin alcanzar a ser condenado, aunque durante sus últimos años fue cercado por la justicia por algunos de los crímenes de su dictadura y un caso de enriquecimiento ilícito, cuyo sumario fue cerrado recientemente.