La corte determinará en las siguientes semanas la responsabilidad de exministros, exdiputados y empresarios en una red de compra de votos en el Congreso orquestada entre 2002 y 2005, según la fiscalía, y que involucró a dirigentes históricos del PT, el Partido de los Trabajadores que gobierna Brasil desde hace casi diez años.
El presidente del Supremo, Ayres Britto, abrió la audiencia pública leyendo los nombres de los acusados y reconociendo la competencia del tribunal para juzgarlos pese a que la mayoría no cuenta con fuero especial.
"No se acoge la moción de orden" que cuestiona la competencia del "Supremo en cuanto al proceso de juzgamiento de los que carecen de mandato parlamentario", señaló Britto.
Conocido como el 'mensalao' (mesada que supuestamente recibían los parlamentarios por su apoyo al gobierno), el caso empezó a ser investigado siete años atrás y es el más importante jamás juzgado por el máximo tribunal.
Los 38 acusados -todos libres- deberán responder por un sofisticado plan para comprar apoyos en el Congreso bajo el primer gobierno de Lula (2003-2006) y saldar cuentas de la campaña electoral de 2002 que lo llevó al poder, según la acusación que examinarán los 11 magistrados (seis de los cuales fueron designados durante el gobierno de Lula y dos durante el actual mandato de Dilma Rousseff).
Los sospechosos, ninguno de los cuales estuvo presente en el comienzo de su juicio, son acusados de asociación para delinquir, peculado, lavado de dinero, corrupción y fraude, delitos por lo que podrían ser condenados a penas de hasta 45 años de prisión.
"No hubo compra de votos en el Congreso, tampoco hubo pago -ni mensual ni de cualquier título- a parlamentarios para votar a favor del gobierno", dijo el PT en un comunicado previo al juicio.
Fundador y líder del PT, Lula fue excluido de la causa penal y negó siempre conocer la existencia de dicho esquema, se declaró traicionado y ofreció disculpas públicas en la época.
Lula logró sobreponerse al escándalo y fue reelegido por un segundo período consecutivo que se extendió hasta diciembre de 2010. Su heredera política, Dilma Rousseff, lo sucedió en el poder.
No obstante, el expresidente de 66 años -que se recupera de un cáncer de laringe diagnosticado el año pasado- volverá a estar en primera plana por las eventuales vinculaciones que puedan surgir a lo largo del proceso, que podría incluso incidir en las elecciones municipales de octubre.
Lula dijo este jueves que no acompañará el proceso porque tiene "otras cosas que hacer". "Los que tienen que estar son los abogados", declaró a la prensa tras recibir un homenaje a Sao Paulo.
El juicio implica a dirigentes de larga data del PT, incluidos tres ex ministros: José Dirceu (de la Presidencia), Luiz Gushiken (de Comunicación) y Anderson Adauto (de Transportes), y casi una docena de excongresistas de cuatro partidos que conformaron la base aliada de Lula.
Dirceu, exhombre fuerte de Lula y quien debió renunciar al gobierno y fue destituido como parlamentario en 2005, es el principal acusado en el escándalo.
La fiscalía lo acusa de ser el jefe de la red de corrupción política y enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión.
El caso estalló en 2005, cuando el entonces diputado aliado Roberto Jefferson (PTB, Partido Laborista Brasileño, centro), molesto por una mala repartición del poder, reveló a la prensa la existencia de un esquema de corrupción en el PT.
El esquema del 'mensalao' -término acuñado por Jefferson, uno de los 38 acusados- funcionaba a través de un publicista dueño de varias empresas, Marcos Valerio de Souza, que obtuvo millonarios contratos para realizar campañas del gobierno.
Los recursos no utilizados en esas campañas eran entregados a parlamentarios o sus asesores, al tiempo que de Souza contraía préstamos con bancos privados y públicos que iban a parar a los cofres del PT, según la fiscalía.
Apoyada en peritajes policiales, la oposición estima que hasta unos 50 millones de dólares fueron utilizados para el pago de votos, según el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB).
El escándalo es el más grave desde la renuncia del expresidente Fernando Collor de Melo, en 1992, por corrupción. El exmandatario (1990-1992) decidió dimitir antes de enfrentar un juicio de destitución en el Parlamento.