La más alta jurisdicción del país ha dado al gobierno un plazo de una semana para que relance unas investigaciones contra el presidente Zardari y otros políticos de primera fila del país. En caso contrario, anunció que entre otras opciones podría destituir a Zardari y a Gilani.
El anuncio es un nuevo capítulo en el pulso que mantienen la Corte y el gobierno desde diciembre de 2009, fecha en la que los jueces decidieron anular una ley de amnistía que permitió a Zardari y a otras 8.000 personas escapar a la justicia, por corrupción principalmente.
Más de 30 políticos se beneficiaron de esa amnistía decretada en octubre de 2007 por el entonces jefe de Estado, Pervez Musharraf, que buscaba entonces forjar alianzas para permanecer en la presidencia tras las elecciones de 2008.
Entre los casos cubiertos por la amnistía, Zardari está acusado de corrupción y de malversación de fondos públicos en la época en que su mujer Benazir Bhutto era jefa de gobierno, y él ministro en los años 90. También está acusado de haber blanqueado entre 12 y 13 millones de dólares en Suiza.
El gobierno invoca la inmunidad presidencial, lo que ha confirmado la justicia suiza. Pero la Corte Suprema ha instado varias veces al gobierno a pedir a las autoridades helvéticas la reapertura de las investigaciones.
Numerosos observadores consideran que la Corte Suprema no llegará al extremo de destituir a ambos mandatarios, para no debilitar un gobierno ya frágil y sometido a la fuerte presión del ejército, una institución muy poderosa en Pakistán.