"El juez (de la Corte Provincial de Sucumbíos, norte) condenó a Chevron a pagar más de 8.000 millones de dólares por daños ambientales" en el proceso iniciado por comunidades amazónicas en 1993, dijo a la AFP Pablo Fajardo, abogado de los demandantes.
Fajardo se declaró satisfecho con el contenido de la sentencia, pero anunció que apelará por considerar insuficiente el monto de la indemnización.
Uno de los varios peritajes realizados a lo largo del juicio llegó a tasar el reclamo en 27.000 millones de dólares, mientras que "los demandantes estimaron que la cifra ascendía a 113.000 millones de dólares", recordó el jurista.
La empresa, que adquirió a Texaco en 2001 asumiendo todas sus obligaciones, también anunció que apelará en Ecuador este fallo "ilegítimo e inaplicable", según un comunicado difundido en California (oeste).
La decisión "es producto de un fraude y totalmente contrario a lo que aduce la evidencia científica y legítima", indicó Chevron, que nunca operó en Ecuador.
Los daños que provocaron la demanda fueron cometidos por Texaco entre 1964 y 1990, cuando dejó de operar en el país, según la acusación, que involucra a unos 30.000 pobladores de la provincia amazónica de Sucumbíos (norte), fronteriza con Colombia.
De acuerdo con Chevron, "tanto las cortes en Estados Unidos como tribunales internacionales ya han tomado medidas para prevenir la aplicación de la sentencia".
El monto que debería pagar la petrolera es casi el doble de la condena inicialmente impuesta a ExxonMobil (4.500 millones de dólares) para compensar a unas 32.000 personas por el derrame de 50.000 toneladas de crudo cuando el buque Exxon Valdez chocó contra un arrecife en Alaska en 1989.
La condena fue reducida luego a 507 millones de dólares.
Los demandantes ecuatorianos exigen indemnizaciones para reparación del suelo, el agua, daños a la salud y compensaciones a las comunidades indígenas afectadas, rubros que considera el fallo, según el abogado.
Algunos aseguran haber desarrollado enfermedades como cáncer y alergias por consumir agua de pozo contaminada por residuos de petróleo y sustancias tóxicas depositados sin control en piscinas al aire libre.
Chevron admite que aún falta la limpieza de unos dos centenares de depósitos correspondientes al consorcio entre Texaco y el Estado ecuatoriano vigente entre 1972 y 1992.
Pero aclara que esa reparación es responsabilidad de la estatal Petroecuador por su participación en la alianza y luego de que la empresa estadounidense invirtiera 40 millones de dólares para limpiar otras 162 piscinas y seis áreas de derrames hasta 1998.
Chevron enfrentó la demanda luego de que un tribunal de Nueva York le ordenó en 2001 someterse a la jurisdicción de Ecuador, siendo el primer proceso en la historia que obliga a una petrolera estadounidense a responder ante la justicia de otro país.
En su defensa, la transnacional acudió en septiembre de 2009 a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, para que el Estado ecuatoriano complete la reparación, y además reclama 1.600 millones de dólares por pérdidas durante sus operaciones en el país, que asegura le dejaron utilidades por 497 millones.
El 9 de febrero, la Corte de La Haya -competente por un tratado entre Estados Unidos y Ecuador para la protección de inversiones- ordenó a Quito que adopte temporalmente "todas las medidas que estén a su disposición para suspender o hacer que se suspenda la aplicación o reconocimiento de cualquier sentencia contra Chevron que se emita tanto dentro como fuera de Ecuador".
Esas medidas deberían ser dispuestas por el gobierno ecuatoriano, que aunque no participa en el litigio se ha mostrado a favor de los demandantes, declaró a la AFP el portavoz de Chevron para América Latina, James Craig.
En abril de 2007, el presidente Rafael Correa dijo que la contaminación ocasionada por Texaco era "30 veces mayor" que la del Exxon Valdez, lo que denunció como un "crimen de lesa humanidad".
Las ONG's Amazon Watch y Rainforest Action Network, con sede en Estados Unidos y que han apoyado la pelea de los ecuatorianos contra el gigante petrolero, calificaron el fallo de "histórico y sin precedentes".
Es "la primera vez que los pueblos indígenas demandan a una empresa multinacional en el país donde se cometió el delito y lo ganan", dijeron en un comunicado.