Los jueces de la Gran Corte de la CEDH estatuyeron de manera definitiva y por unanimidad que "el Reino Unido tenía la obligación de investigar sobre los decesos de seis civiles muertos en Irak en 2003 durante incidentes en que estuvieron implicados soldados británicos".
Según los jueces, "en las circunstancias excepcionales que tienen que ver con la presunción de que el Reino Unido era responsable de la seguridad en el sureste de Irak, tenía jurisdicción en cuanto a los civiles muertos durante operaciones de seguridad efectuadas por soldados británicos en Basorá".
Por otra parte, los magistrados estimaron que "el Reino Unido omitió efectuar una investigación independiente y efectiva sobre el deceso de cinco de los seis parientes de los demandantes, en violación del artículo 2 (derecho a la vida) de la Convención europea de los derechos humanos.
Este caso se refiere a la muerte de seis personas en Basorá en 2003, cuando el Reino Unido tenía allí el estatuto de potencia ocupante.
Tres de ellas fueron muertas a balazos por soldados británicos. Otra murió durante un tiroteo entre una patrulla británica e individuos no identificados.
Otra de las víctimas fue golpeada por soldados británicos y luego obligada a echarse a un río donde murió ahogada. Sobre el cuerpo de una última víctima fallecida en una base militar británica, se registraron 93 heridas, según el resumen de los hechos entregado por la CEDH.
La corte condenó al Reino Unidos a pagar a cada uno de los cinco primeros demandantes una suma de 17.000 euros por daños morales. La investigación sobre la sexta víctima está en curso.