La cautela de ambas partes antes de dar el paso definitivo que precipitaría un conflicto de consecuencias imprevisibles frenó así la escalada de tensión de las últimas semanas para instalar en cambio un clima de tensa expectativa ante la respuesta que el Gobierno catalán debe dar hasta el lunes.

Rajoy anunció que su Gobierno decidió "requerir formalmente al Gobierno de Cataluña para que aclare si ha activado o no la independencia" el martes, cuando el jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, proclamó la independencia de forma unilateral y de inmediato la suspendió para pedir a cambio diálogo a Madrid.

El requerimiento es en rigor el primer paso para activar el artículo 155 de la Constitución española, un mecanismo que no se utilizó nunca en 40 años de democracia española y que permite adoptar "las medidas necesarias" para forzar a una región a cumplir con sus obligaciones. Madrid podría intervenir parte de las autoridades autonómicas en Cataluña y convocar, por ejemplo, elecciones en la región.

El Gobierno lo reservó como último recurso ante el desafío secesionista catalán por su carácter inédito y su costo político, aunque cuenta con el apoyo de los socialistas del PSOE, primer partido de la oposición, y los liberales de Ciudadanos. Las fuerzas de izquierda-Podemos- y nacionalistas lo rechazan.

El requerimiento da plazo a Puigdemont para que responda hasta el lunes 16 a las 10:00 horas si declaró la independencia. En ese caso, tendrá un nuevo plazo para enmendar esa medida hasta el jueves 19, precisó Rajoy. En caso contrario, se avanzaría con el artículo 155.

"La respuesta que dé Puigdemont marcará el futuro de los acontecimientos. En su mano está volver a la legalidad", dijo hoy Rajoy en una comparecencia ante el Congreso de los Diputados para informar de la situación. "Deseo fervientemente que acierte en su respuesta".

La postura del "Govern" es imprevisible, pero Puigdemont presentó por el momento una nueva propuesta de diálogo. "Lo que podría ayudar a hablar es que dos representantes del Gobierno español y dos representantes del Gobierno catalán se sienten con un único y simple punto: estar de acuerdo en nombrar a un mediador", dijo al canal CNN.

Mientras se conocía esa entrevista, Rajoy dejaba claro en el Congreso su condición: "Soy un firme partidario del diálogo, pero debo advertir que no es posible aceptar la imposición unilateral de puntos de vista que no puede aceptar una de las partes", declaró. "No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia y la ilegalidad".

En una de las réplicas de los partidos catalanes independentistas en el Congreso, el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Joan Tardá alertó que la postura del Gobierno regional "no va a sufrir ningún retroceso". "Nunca daremos un paso atrás", concluyó.

Pese a ese tono, la ambigua declaración de Puigdemont el martes -que tuerce su plan original e irritó a sus socios más radicales- y el pedido de explicaciones de Rajoy hoy fueron interpretados como señales de que ambas partes buscan una salida lo menos conflictiva posible a la peor crisis institucional que sufre España en décadas.

"No están siendo claros ni Puigdemont ni Rajoy, pero tenemos la sensación de que en este momento estamos mejor que hace 24 horas", dijo Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida y uno de los más duros con Rajoy. "Entendemos que hay espacio para la esperanza y el diálogo".

También la izquierdista Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, interpretó los últimos pasos en Barcelona y Madrid en ese sentido: "No declarar la DUI (declaración unilateral de independencia) ni aplicar el 155 es un paso para bajar la tensión. Ahora falta sentarse, dialogar y negociar", comentó en Twitter.

Desde el exterior, la Unión Europea (UE) y sus principales socios respaldaron la unidad de España y la postura de Rajoy. Berlín, Londres, París, Roma y Bruselas vieron también inaceptable una declaración de independencia unilateral en Cataluña.

El desafío independentista en Cataluña escaló cuando Puigdemont mantuvo el referéndum soberanista del 1 de octubre pese a que el Tribunal Constitucional español lo había suspendido. El "sí" a la ruptura con España ganó con un 90 por ciento, en parte porque los partidarios del "no" boicotearon la consulta al verla ilegal.