"Al principio nos dieron el control por un año, luego por dos más, ahora si prospera el cambio de ley la empresa que quiebre pasará directamente a manos de los trabajadores en forma de cooperativa", explica a la AFP Clemente Quintana, tesorero del Hospital Israelita, en pleno centro de Buenos Aires.
El hospital, un centro de salud modelo en los años 60, resurgió bajo la modalidad de cooperativa tras declarar su bancarrota en 2004 asfixiado por una deuda millonaria.
"Por suerte no cerró, pero fue difícil. En noviembre de 2003 se dejaron de pagar los sueldos", relata Clemente en su moderna aunque deteriorada oficina de grandes ventanales.
La larga batalla judicial que libraron sus empleados ha sido tan heroica como el trabajo por salvar la vida de sus pacientes.
"Nosotros tenemos el problema de que no producimos, como ocurre en una fábrica. Acá la gente se nos muere si no trabajamos", dice Quintana.
Clemente, un paraguayo de 59 años, vio nacer a sus dos hijos en el hospital donde trabaja desde hace cuatro décadas y del que es 'copropietario' desde que los empleados se hicieron cargo de la gestión seis años atrás.
"A partir de la quiebra comenzó a pensarse en formar una cooperativa y creer en la posibilidad de seguir con trabajo, otra no nos quedaba", relató Quintana sobre aquéllos días cuando cerca de 400 empleados se vieron de repente con la soga al cuello.
El teléfono suena, es otro pedido de internación del PAMI, el servicio nacional que provee asistencia sanitaria a jubilados y pensionados, cuyo respaldo fue crucial para la recuperación del hospital.
"Esta fue una de las grandes virtudes que tuvo el Hospital cuando lo tomamos en junio de 2004. Debido a la falta de camas que hay en la ciudad de Buenos Aires, PAMI nos ayudó dándonos órdenes de internación para acoger a ancianos que eran dados de alta en otros lugares y debían esperar que se les asigne un geriátrico", cuenta Clemente.
De todas formas, llegar a la autogestión fue un proceso legal tortuoso y largo, algo que puede cambiar si prospera una modificación a la ley de Quiebras, bajo estudio.
Desde que está bajo gestión de sus empleados, el hospital logró no sólo subsistir a su propia suerte sino refaccionar quirófanos y salas de internación mientras consiguió salvar falencias mediante la tercerización.
En la actualidad da trabajo a 400 personas y tiene capacidad de internación para 150 pacientes, la mitad de los que solía albergar antes de la quiebra.
Unas 130 empresas funcionan en Argentina bajo esta modalidad luego de atravesar la bancarrota, pero hay otras 3.000 en estado de quiebra de cuyo destino dependen casi 300.000 empleados hoy en la cuerda floja.
En esa situación se vieron de repente los obreros de la metalúrgica Gip-Metal, de Avellaneda (periferia sur) cuando en agosto de 2000 recibieron masivamente telegramas de despido por quiebra.
La fábrica, dedicada a la fundición de cobre y bronce, tenía una deuda con el fisco por 4 millones de dólares.
"Cuando empezaron a llegar los telegramas, decidimos quedarnos en la fábrica para evitar el vaciamiento. Entonces nos preguntamos ¿qué hacemos ahora?", relata Luis Asismendi, por entonces supervisor.
"Siguieron seis meses en los que ni nos íbamos a casa y hasta tuvimos que pedir limosna", cuenta al recordar el penoso camino que dio nacimiento a la primera 'fábrica recuperada' de Argentina, en medio de la peor crisis económica que vivió el país.
"No fue fácil en 2001 volvimos a producir, fue la primera fábrica recuperada en Argentina, hoy hay 94 empleados, se logró crecer y todo se decide entre todos", dice con orgullo.