Tras una larga noche de audiencias en el palacio de justicia de Estambul, el juez ordenó el sábado, como lo había pedido la fiscalía, la prisión preventiva para Baris Güler y Kaan Caglayan, hijos de los ministros de Interior, Muammer Güler, y de Economía, Zafer Caglayan.

Erdogan reaccionó denunciando un complot procedente de Turquía y del extranjero para hacer caer su gobierno islamista moderado, salpicado por el escándalo.

"Todo esto es un sucio complot contra la voluntad nacional", criticó el primer ministro ante miles de seguidores en Samsun (norte).

"Vamos a poner fin a este vil juego de la misma forma en que pusimos fin a [las manifestaciones] de Gezi" en junio, advirtió.

El primer ministro aprovechó para amenazar con expulsar a los diplomáticos extranjeros "implicados en acciones provocadoras", lo que se interpretó como una advertencia velada al embajador de Estados Unidos.

Según algunos medios de comunicación progubernamentales, el embajador Francis Ricciardone habría hablado con colegas europeos sobre el papel del banco público turco Halk Bankasi en la venta ilegal de oro a Irán, institución que se encuentra en el centro del actual escándalo político-financiero.

Ricciardone respondió en su cuenta de Twitter que su país no tiene "nada que ver" con la investigación.

Tras cuatro días marcados por la polémica, el cerco se estrechó en torno al gobierno con la encarcelación de Baris Güler y Kaan Caglayan.

Asimismo, una veintena más de personas han sido encarceladas, entre ellas el presidente del banco público Halk Bankasi, Suleyman Aslan, y el empresario originario de Azerbaiyán Reza Zerrab.

Los detenidos están acusados de corrupción, fraude y blanqueo de dinero en el marco de una primera investigación sobre la venta de oro y sobre transacciones financieras ilegales entre Turquía e Irán, este último bajo embargo.

Halk Bankasi desmintió estas acusaciones.

En cambio, Abdullah Oguz Bayraktar, hijo del ministro de Medio Ambiente, Erdogan Bayraktar, quedó en libertad hasta la fecha del juicio.

También fueron liberados el magnate de la construcción Ali Agaoglu y el alcalde del distrito de Fatih en Estambul, Mustafa Demir, del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), en el poder desde 2002.

Este segundo grupo está acusado de corrupción en el marco de dos casos sobre mercados públicos inmobiliarios.

Por su parte, el gobierno del AKP, seriamente sacudido por este escándalo político-financiero, que ocurre a cuatro meses de las elecciones municipales, prosiguió con una purga policial iniciada el martes pasado, destituyendo a otros 17 oficiales.

Erdogan acusó a la cincuentena de oficiales destituidos de sus funciones de "abuso de poder" y calificó la investigación de "operación sucia", obra según él de un "Estado dentro del Estado" que quiere manchar su gobierno islamista moderado.

El viernes por la tarde, al cierre de los debates en el parlamento sobre los presupuestos de 2014, el viceprimer ministro, Bülent Arinç, denunció "una campaña de linchamiento contra el gobierno".

Dimisiones

Ningún miembro del gobierno ha precisado el nombre del responsable de esta "conspiración", pero todos los observadores apuntan a la cofradía del predicador musulmán Fetullah Gülen, muy influyente en la policía y en la magistratura.

Esta organización, aliada del AKP desde su llegada al poder en 2002, entró en guerra contra el gobierno a causa de un proyecto de supresión de escuelas privadas, que ilustra el divorcio dentro de la mayoría parlamentaria.

Gülen, que reside en Estados Unidos, salió por primera vez de su silencio para denunciar las destituciones ordenadas dentro de la policía, en un discurso difundido por sus portavoces habituales.

"Aquellos que no ven al ladrón pero la toman con quien intenta atraparlo (...) que Dios incendie su casa, arruine su hogar y destruya su unidad", dijo el predicador, citado por el diario turco Zaman, cercano a su organización.

La oposición, a la que dan como perdedora en las elecciones municipales de marzo de 2014, ha multiplicado sus peticiones de dimisión a Erdogan y a los miembros de su gobierno implicados en el caso.

"Turquía necesita una clase política y una sociedad limpias", lanzó Kemal Kiliçdaroglu.

Para limitar el costo político de este caso, Erdogan podría cesar a estos ministros durante la remodelación del gobierno prevista a finales de mes para remplazar a los ministros candidatos a las municipales, según fuentes próximas al gobierno.