Organizar una elección suspendida por la Justicia planteó al Gobierno catalán un complejo desafío logístico y la necesidad de improvisar soluciones a problemas tan básicos como la creación de un censo, una junta electoral o un sistema de cómputo fiables, por no hablar de hacer frente a la presión judicial y policial el día de la votación.
Algunos puntos que cuestionan la legitimidad de la consulta:
- Constitución: La Constitución española de 1978, aprobada por una amplia mayoría también en Cataluña, consagra en su artículo 2 "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Por otro lado, la Carta Magna no prevé que una región decida por medio de un referéndum cuestiones que afectan a la totalidad del país.
- Base legal: En base a datos como esos, el Tribunal Constitucional español aceptó los recursos del Estado y suspendió de inmediato tanto la convocatoria del referéndum del 6 de septiembre como las dos leyes clave para el proceso independentista aprobadas en el Parlamento catalán: la ley del referéndum y la ley de transitoriedad jurídica.
- Censo: Meses antes de unas elecciones regulares, la Oficina Española del Censo Electoral facilita listas de votantes que se hacen públicas para garantizar igualdad y correcciones. El Gobierno catalán no pudo solicitar esas listas porque el referéndum estaba suspendido por la Justicia. Las listas de votantes en la consulta se basaron en bases de datos no identificadas y no se hicieron públicas.
- Junta Electoral: Para cumplir las funciones de este segundo pilar en unos comicios, se creó una "Sindicatura electoral" para el referéndum. Sin embargo, todos sus miembros, designados por el "Parlament" catalán, renunciaron luego para evitar las multas diarias de 12.000 euros que les impuso el Tribunal Constitucional español. Entre sus funciones figuraba el escrutinio.
- Mesas electorales: La elección de presidentes, vocales y suplentes para conformar las mesas se realizó al parecer en un sorteo con un método no aclarado y llevado a cabo por el "Govern" en secreto.
- Participación mínima: El referéndum no establecía una participación mínima para que su resultado fuese tomado como válido. Según los datos oficiales, votaron un 42 por ciento de los más de 5,3 millones de catalanes llamados a las urnas.
- Campaña y publicidad: Los partidarios del "no" a la independencia no hicieron campaña para votar porque consideraron ilegal la consulta. Los millones de carteles de publicidad a favor del referéndum requisados por la Guardia Civil se almacenaban en cambio junto a carteles pidiendo el voto al "sí".
- Censo universal: Menos de una hora antes de que comenzara la votación, el Gobierno catalán habilitó un "censo universal" para que cualquier ciudadano pudiera votar en cualquier colegio. Intentaba así permitir el voto a quienes encontraran su local cerrado por la Policía. Un sistema informático debía garantizar que nadie votara dos veces, pero fue bloqueado en cuestión de horas por la Guardia Civil. Muchos votantes pudieron sufragar dos veces, como confirmaron a dpa, y en algunas mesas se vio a las autoridades apuntando a los votantes a mano.
- Sobres: En otro cambio "in extremis", el "Govern" admitió que no había llegado a fabricar sobres suficientes para compensar los requisados por las fuerzas de seguridad y permitió votar con la papeleta doblada sin sobre. La práctica atenta contra dos principios electorales: el voto secreto y la ecuación una persona-un voto (dos papeletas dentro de un sobre anularían el voto, pero sin él podrían pasar como dos votos).
- Representatividad: Las encuestas indican que poco más de la mayoría de los catalanes rechazan la independencia. Más de un 60 por ciento considera que el referéndum del domingo no era legal ni válido y un 82 por ciento pide una consulta pactada y legal para solucionar la crisis entre Madrid y Barcelona. Según el recuento del Gobierno regional, el "sí" a la independencia ganó el referéndum del domingo con un 90 por ciento de los votos.