"Estoy incluyendo a las Fuerzas Armadas de Filipinas y convirtiendo el tema de las drogas en una amenaza de seguridad nacional, y llamaré a todas las fuerzas armadas a que participen", dijo Duterte, que prometió además matar más adictos "hijos de puta".
Estas son las primeras declaraciones de Duterte desde la publicación de un informe de Amnistía Internacional que afirma que los asesinatos en la guerra contra las drogas, en la que murieron más de 6.500 personas en siete meses, podrían asemejarse a crímenes contra la humanidad.
Esta semana Duterte reconoció que la policía -a quien le confió el papel principal en la lucha antidroga- era "corrupta hasta la médula", y anunció que los policías serían apartados de las operaciones.
Una serie de escándalos que implican a los policías en casos de asesinato, secuestro, extorsión, estallaron las últimos tiempos. Los sospechosos utilizaban la guerra antidroga como tapadera.
Entre ellos destaca el de unos policías antinarcóticos que están acusados de haber secuestrado y asesinado a un empresario surcoreano en una operación de extorsión, según la investigación oficial.
Amnistía Internacional acusó a la policía de abuso sistemático de los derechos humanos, en particular por asesinar a gente desarmada, montar pruebas inexistentes, pagar a terceros para asesinar sospechosos y robar a las víctimas.
Este jueves Duterte se lanzó en una diatriba repleta de groserías contra sus opositores, rechazando las acusaciones de violaciones de los derechos humanos.
También dio una larga explicación sobre los problemas de los consumidores de metanfetamina, sustancia altamente adictiva conocida en el archipiélago con el nombre de shabu.
"¿Y se lamentan por estos hijos de puta?", dijo, estimando que 3.000 toxicómanos fueron asesinados hasta ahora. "Voy a matar más", prometió.
La policía anunció que mató a 2.555 personas en el marco de operaciones antidroga, y otras 4.000 murieron en circunstancias inexplicadas, según cifras oficiales.