Los legisladores aprobaron, por 236 votos a 191 el presupuesto del Departamento de Seguridad Interna hasta el 30 septiembre, fin del año fiscal 2015, pero incluyeron enmiendas que torpedean las iniciativas delineadas por Obama para ofrecer una solución a la situación de varios millones de inmigrantes.

Apoyada con la mayoría del conservador partido Republicano, la cámara inclusive congeló un programa lanzado por Obama en 2012 y que protegía de la deportación a niños en situación irregular.

"No nos tomamos estas medidas a la ligera, pero simplemente no hay alternativa", dijo el titular de la cámara baja, el republicano John Boehner, para quien las medidas anunciadas por Obama "son una afrenta al imperio de la ley y de la Constitución misma".

De acuerdo con el instituto Pew Research Center, unos 11,3 millones de extranjeros vivían en situación irregular en Estados Unidos en marzo de 2013, siendo que la última gran reformulación de la ley migratoria en el país data de 1986.

Desde entonces, todas las tentativas de una revisión han fracasado, fundamentalmente por la oposición conservadora.

La Casa Blanca ya adelantó que vetará esa legislación, pero de cualquier manera el texto difícilmente pasará por el Senado, donde el oficialista partido Demócrata tiene minoría pero en un número suficiente para bloquear su aprobación.

El nuevo Congreso estadounidense, que asumió el 6 de enero, refleja el resultado de las elecciones legislativas de noviembre pasado, donde los Republicanos dieron una verdadera paliza a los Demócratas y se apoderaron de la mayoría en las dos cámaras legislativas.

"Los Republicanos sólo han estado al frente del Congreso una semana y ya están emprendiendo una batalla política innecesaria que pone en peligro las operaciones del Departamento de Seguridad y nuestra seguridad nacional", dijo este miércoles el líder de los Demócratas en el Senado, Harry Reid.

Los republicanos esperan colocar a Obama en un dilema: promulgar la ley de financiamiento y renunciar a su plan de regularización de migrantes, o vetar el proyecto y arriesgar una parálisis de la seguridad nacional, en medio de un contexto de seguridad crítico, exacerbado por los recientes atentados en Francia.

Ahora, el Congreso tiene hasta el 27 de febrero para aprobar de forma definitiva el presupuesto del Departamento de Seguridad, que supervisa la seguridad fronteriza, inmigración y el Servicio Secreto.