“Se trata de un caso cerrado que concluyó hace décadas, pero Nicaragua es un país soberano  y tiene derecho de hacer lo que quiera”, subrayó la diplomática en declaraciones que publica este sábado el rotativo "La Prensa".
La víspera, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la reactivación de gestiones a nivel internacional para que Estados Unidos pague una indemnización de 17.000 millones de dólares por el financiamiento de actividades militares que causaron daños al país centroamericano.
Ortega formuló el anuncio tras conocerse que el Congreso estadounidense aprobó una iniciativa de ley conocida como “Nica Act”, que pretende bloquear préstamos destinados para el Gobierno de Nicaragua de organismos financieros internacionales.
El presidente nicaragüense se remitió al fallo emitido en 1986 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que encontró culpable a Estados Unidos por daños a la economía y a la infraestructura de Nicaragua, a causa de su apoyo financiero y militar a unos 40.000 "contras" que combatieron al primer gobierno de Daniel Ortega.
El Gobierno calculó entonces el monto de daños en 17.000 millones de dólares, pero en la década de 1990 la presidenta Violeta Chamorro anunció que el Estado ya no cobraría la indemnización.
El mandatario nicaragüense declaró que su país “jamás ha renunciado” a cobrar. “No existe ninguna ley, ninguna iniciativa aprobada por nuestro país en la que se renuncie al cobro de la indemnización que manda a pagar la Corte Internacional de Justicia", dijo Ortega durante una comparecencia pública en Managua.