ETA entrega lista de depósitos de armas tras 40 años de violencia
AFP (Agencia France-Presse)
Bayona, Francia. - Tras más de cuatro décadas de violencia, el grupo separatista vasco ETA entregó este sábado un listado de zulos a las autoridades francesas, que celebraron el gesto como "un gran paso" y lanzaron una operación policial para localizarlos.
"Esta etapa de neutralización de un arsenal de armas y de explosivos es un gran paso", un "día sin duda importante", afirmó el ministro de Interior francés, Matthias Felk.
Según el ex presidente de la Liga francesa de Derechos Humanos, asociado al proceso, Michel Tubiana, los zulos contienen "120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y miles de municiones".
El ministro anunció la puesta en marcha de una operación policial para localizar los ocho zulos detallados en la lista. En teoría, deberán encontrar allí todas las armas y explosivos que le restan a ETA, que había prometido un "desarme total".
La entrega de este listado fue anunciada a primera hora por la Comisión Internacional de Verificación (CIV), una estructura no reconocida por los gobiernos español y francés pero sí por el ejecutivo regional vasco que trabaja por la paz.
"La Comisión cree que este paso constituye el desarme de ETA", dijo Ram Manikkalingam, coordinador de la CIV. "Este paso histórico ayudará a consolidar la paz y la convivencia en la sociedad vasca", añadió.
Según fuentes cercanas al desarme, estos depósitos se encuentran en el departamento de los Pirineos Atlánticos del suroeste francés, fronterizo con España y refugio habitual del movimiento clandestino.
De confirmarse este desarme, supondría un avance casi definitivo para el cierre de un capítulo negro de la historia de España, después de que el grupo renunciara definitivamente en 2011 a la lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra.
Atrás quedaron más de cuatro décadas de violencia y atentados del grupo 'Euskadi Ta Askatasuna' (País Vasco y Libertad), nacido en 1959 en la lucha contra la dictadura de Francisco Franco pero que prosiguió su actividad una vez llegada la democracia.
La organización atentó por primera vez en 1969. El historial de asesinatos, ataques con bomba, extorsiones y secuestros dejó un balance de 829 muertos atribuidos a la organización, el último de ellos en marzo de 2010 cuando mataron a un policía en suelo francés.
Fuentes judiciales en ambos países estiman que ETA "agoniza" y el movimiento clandestino sólo tendría "unos treinta miembros" fuera de la cárcel, donde aún permanecen unos 360.
La CIV, que el viernes recibió el apoyo de los gobiernos regionales del País Vasco español y Navarra y de la aglomeración del País Vasco francés, considera que el desarme es completo.
Desde 2011, ETA se resistía al desarme incondicional y la disolución que le exigían Madrid y París y reclamaba para ello una negociación sobre el futuro de sus presos en España y Francia y sus escasos militantes en activo.
Pero el jueves, a través de un comunicado enviado a la BBC, el grupo anunció que este sábado se produciría su "desarme total".
Este gesto no altera sin embargo la posición de Madrid.
"Que sepa ETA que no espere nada del gobierno, que no obtendrá ningún rédito ni beneficio político", indicó el viernes el portavoz del gobierno Iñigo Méndez de Vigo, llamando a ETA a disolverse, a pedir perdón y a ayudar a esclarecer los delitos todavía no resueltos.
Al margen de la operación de "desarme", se convocó una "gran manifestación popular" para el sábado en Bayona a las 13H00 GMT.
En ella participarán asociaciones y partidos políticos vascos que, a excepción del Partido Popular gobernante en España, reclamaron a Madrid y París facilitar el desarme de la organización para cerrar "una etapa relacionada con el pasado".
Su mensaje choca con el de los familiares de las víctimas de la organización. Una veintena de asociaciones pidieron el viernes en un comunicado conjunto que el final de ETA no esté "presidido por la impunidad" ya que aun quedan centenares de crímenes sin resolver y reclamaron al grupo su "disolución incondicional e inmediata".
Además, también pidieron a Francia y España "la estricta aplicación de la ley" contra los presos y los miembros todavía en activo frente a la flexibilización de la política penitenciaria reclamada por el entorno de ETA y el nacionalismo vasco.
Como consecuencia de la represión de la dictadura franquista hay más de 100 000 personas desaparecidas en España, cuyos casos nunca han sido investigados.
Según el ex presidente de la Liga francesa de Derechos Humanos, asociado al proceso, Michel Tubiana, los zulos contienen "120 armas de fuego, tres toneladas de explosivos y miles de municiones".
El ministro anunció la puesta en marcha de una operación policial para localizar los ocho zulos detallados en la lista. En teoría, deberán encontrar allí todas las armas y explosivos que le restan a ETA, que había prometido un "desarme total".
La entrega de este listado fue anunciada a primera hora por la Comisión Internacional de Verificación (CIV), una estructura no reconocida por los gobiernos español y francés pero sí por el ejecutivo regional vasco que trabaja por la paz.
"La Comisión cree que este paso constituye el desarme de ETA", dijo Ram Manikkalingam, coordinador de la CIV. "Este paso histórico ayudará a consolidar la paz y la convivencia en la sociedad vasca", añadió.
Según fuentes cercanas al desarme, estos depósitos se encuentran en el departamento de los Pirineos Atlánticos del suroeste francés, fronterizo con España y refugio habitual del movimiento clandestino.
De confirmarse este desarme, supondría un avance casi definitivo para el cierre de un capítulo negro de la historia de España, después de que el grupo renunciara definitivamente en 2011 a la lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra.
Atrás quedaron más de cuatro décadas de violencia y atentados del grupo 'Euskadi Ta Askatasuna' (País Vasco y Libertad), nacido en 1959 en la lucha contra la dictadura de Francisco Franco pero que prosiguió su actividad una vez llegada la democracia.
La organización atentó por primera vez en 1969. El historial de asesinatos, ataques con bomba, extorsiones y secuestros dejó un balance de 829 muertos atribuidos a la organización, el último de ellos en marzo de 2010 cuando mataron a un policía en suelo francés.
- ETA 'agoniza' -
Fuentes judiciales en ambos países estiman que ETA "agoniza" y el movimiento clandestino sólo tendría "unos treinta miembros" fuera de la cárcel, donde aún permanecen unos 360.
La CIV, que el viernes recibió el apoyo de los gobiernos regionales del País Vasco español y Navarra y de la aglomeración del País Vasco francés, considera que el desarme es completo.
Desde 2011, ETA se resistía al desarme incondicional y la disolución que le exigían Madrid y París y reclamaba para ello una negociación sobre el futuro de sus presos en España y Francia y sus escasos militantes en activo.
Pero el jueves, a través de un comunicado enviado a la BBC, el grupo anunció que este sábado se produciría su "desarme total".
Este gesto no altera sin embargo la posición de Madrid.
"Que sepa ETA que no espere nada del gobierno, que no obtendrá ningún rédito ni beneficio político", indicó el viernes el portavoz del gobierno Iñigo Méndez de Vigo, llamando a ETA a disolverse, a pedir perdón y a ayudar a esclarecer los delitos todavía no resueltos.
- 'Sin impunidad' -
Al margen de la operación de "desarme", se convocó una "gran manifestación popular" para el sábado en Bayona a las 13H00 GMT.
En ella participarán asociaciones y partidos políticos vascos que, a excepción del Partido Popular gobernante en España, reclamaron a Madrid y París facilitar el desarme de la organización para cerrar "una etapa relacionada con el pasado".
Su mensaje choca con el de los familiares de las víctimas de la organización. Una veintena de asociaciones pidieron el viernes en un comunicado conjunto que el final de ETA no esté "presidido por la impunidad" ya que aun quedan centenares de crímenes sin resolver y reclamaron al grupo su "disolución incondicional e inmediata".
Además, también pidieron a Francia y España "la estricta aplicación de la ley" contra los presos y los miembros todavía en activo frente a la flexibilización de la política penitenciaria reclamada por el entorno de ETA y el nacionalismo vasco.
Como consecuencia de la represión de la dictadura franquista hay más de 100 000 personas desaparecidas en España, cuyos casos nunca han sido investigados.