"No hay que adelantar una conclusión cuando estamos ante una denuncia grave que tiene que confirmarse", dijo el ministro ecuatoriano de Gobierno (Interior), Gustavo Jalkh.
El funcionario añadió que "en el pasado existieron algunos rumores sobre este hecho (...) pero que no tenían ni el detalle ni la dimensión de lo que ahora se menciona, y merecen clarificaciones".
Al negar el espionaje, Uribe destacó "que el único propósito" de su gobierno es "restablecer plenamente las relaciones con la hermana república del Ecuador, en ese marco de lucha común contra el narcoterrorismo".
El gobierno ecuatoriano consideró "muy positiva" la declaración de Uribe.
"Es muy positiva la declaración del presidente Uribe, reiterando que el gobierno colombiano no ha ordenado ninguna actividad de espionaje al gobierno de Ecuador ni al presidente Correa", expresó a su vez el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal.
No obstante, señaló que las autoridades ecuatorianas continuarán con las indagaciones sobre la denuncia. Seguirá "su curso la investigación que está abierta en la fiscalía", dijo a la prensa.
El lunes, el diario El Universo de Guayaquil (suroeste) reveló que en 2008 el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia interceptó teléfonos de Correa, colaboradores, militares, políticos y empresarios en Ecuador.
La cancillería ecuatoriana presentó una nota diplomática pidiendo información sobre la versión de prensa a Bogotá, donde el jueves el mandatario colombiano aseguró que el DAS no ha realizado actividades de espionaje en Ecuador.
Jalkh enfatizó que la cancillería está requiriendo información a Colombia y la fiscalía indagando para que "este tema quede completamente esclarecido".
Remarcó que "es de particular gravedad" la presunta escucha a Correa, quien anticipó que de confirmarse el hecho volvería a romper nexos con Colombia como lo hizo en 2008.
"No solo que sería un obstáculo para reanudar las relaciones bilaterales. Tendríamos que volver a romper relaciones diplomáticas", dijo el gobernante.
En el caso estarían involucrados miembros de la Policía ecuatoriana que habrían entregado una lista de teléfonos y correos electrónicos al DAS.
El ministro observó que el código penal ecuatoriano tipifica como delito las escuchas sin autorización judicial para investigaciones criminales.
Quito y Bogotá reanudaron los vínculos a nivel de encargados de negocios en noviembre pasado tras 21 meses de ruptura debido a un ataque militar colombiano contra la guerrilla de las FARC en Ecuador del 1 de marzo de 2008, que dejó 25 muertos -incluido el jefe rebelde Raúl Reyes-.
En octubre de 2009, el gobierno venezolano denunció que el DAS espió a diplomáticos y organismos de seguridad de Cuba, Ecuador y Venezuela.