Con una economía que crecerá sobre el 6% en 2011 y un ingreso per capita que bordea los 15.000 dólares, Chile registra tasas de analfabetismo mínimas y la cobertura de su sistema de educación es casi universal: tiene 3,5 millones de escolares y un millón de estudiantes de educación superior.
De este total, unos 600.000 cursan estudios en universidades públicas y privadas, de los cuales un 70% representa la primera generación de su familia que accede a este tipo de educación.
No obstante, el sistema educativo chileno en uno de los más segregados del mundo.
"Nuestra educación sigue siendo una de las más segregadas del mundo, con problemas de calidad transversales a todo el sistema", dijo a la AFP Mario Waissbluth, coordinador del movimiento Educación 2020, que aboga por mejorar el sistema educativo chileno.
"Tenemos escuelas para pobres, menos pobres y ricos, y lo mismo sucede en las universidades", coincidió Marcela Román, del Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación (CIDE) de la Universidad Alberto Hurtado.
El rol del Estado en la educación es secundario hoy en Chile, tras la serie de reformas impuestas por la dictadura de Augusto Pinochet, que redujo a menos de la mitad el aporte fiscal a educación (del 7% del PIB al 2,4%), fomentó la creación de universidades privadas y traspasó desde el Estado central a los municipios la administración de los colegios.
Tras el fin del régimen, en 1990, los esfuerzos se concentraron en la cobertura, sin hacer mayores cambios a la estructura.
El aporte fiscal a educación pública alcanza hoy al 4% del PIB, sobre el 7% recomendado por la Unesco, haciendo recaer el mayor peso en las familias, en un aporte que alcanza al 80% en la educación superior.
A nivel escolar, en tanto, sólo el 40% de los estudiantes asiste a escuelas gratuitas. El 50% va a colegios que reciben subvención del Estado pero que son administrados por privados y en los que los padres deben contribuir en el pago. El 10% restante asiste a colegios privados, que lideran en calidad.
Pero es en la educación superior donde existen los mayores problemas de financiamiento. La mayoría de los estudiantes debe endeudarse para pagar sus estudios, en un sistema de créditos privados que al final hace que una carrera resulte tan costosa como una hipoteca.
El sistema de créditos privados fue creado en 2007, bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos, para facilitar el acceso de las clases medias a las universidades privadas.
El Estado avala los créditos que tienen intereses de mercado. En 2011, unos 220.000 estudiantes se acogieron al sistema, que en total tiene unos 350.000 deudores, que de acuerdo a cálculos privados, acumularán al final de sus estudios una deuda promedio de unos 100.000 dólares.
El sistema es utilizado mayoritariamente por los estudiantes más pobres. Ocho de cada 10 estudiantes que acceden a estos créditos pertenecen al 60% de las familias más pobres.
En paralelo funcionan 22 universidades estatales, que cobran aranceles similares a las de las privadas, ya que el aporte público que reciben promedia el 14% de su presupuesto.
Paradójicamente, estas instituciones -en las que estudian unas 40.000 personas- acogen a estudiantes de mayores recursos, de colegios que lograron prepararlos mejor para una prueba de selección que debe rendirse para entrar a ellas.
"Los estudiantes más vulnerables no logran buenos resultados en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y no logran entrar a universidades tradicionales y por eso entran a universidades privadas y pasan a endeudarse", explicó Marcela Román.
En las universidades públicas existe un sistema de créditos internos llamado 'Fondo Solidario', que tiene intereses tres veces menores a los del crédito con aval del Estado, y otras garantías como años de gracia y la cancelación del pago en caso de desempleo.