El Ejecutivo español de Mariano Rajoy acudió a la Justicia para tratar de cerrar cualquier resquicio que permita la consulta y se centra ahora en boicotear con la ley en la mano el mecanismo activado por los separatistas para tratar de llevarla a cabo.
Tras impugnar ante el Tribunal Constitucional las cuatro decisiones adoptadas el miércoles por el Parlamento y el Gobierno catalán, entre ellas la convocatoria del referéndum, hoy anunció un recurso contra una de las llamadas leyes "de desconexión" catalanas.
Se trata de la ley de transitoriedad jurídica, impulsada por los partidos secesionistas que gobiernan en Cataluña para garantizar la legalidad durante el periodo comprendido entre el referéndum del 1 de octubre y la aprobación de una Constitución catalana si gana el "sí".
"El Estado de derecho da una respuesta rápida y eficaz a todos los intentos de vulnerar la legalidad", destacó hoy en rueda de prensa el ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien reiteró que el Ejecutivo continuará actuando "con proporcionalidad, solidez y firmeza" para evitar un referéndum que considera ilegal.
En las últimas 48 horas, el Tribunal Constitucional de España supendió cautelarmente la llamada "ley del referéndum", aprobada por el Parlamento catalán para dar cobertura legal a la consulta, así como la convocatoria de la votación del 1 de octubre.
También acordó notificar su resolución a los miembros del Gobierno catalán, a los responsables públicos relacionados con el referéndum y a los 947 alcaldes de Cataluña, con una advertencia de que deben impedir la organización de la consulta soberanista.
También el Gobierno de Rajoy se dirigió a los Ayuntamiento catalanes para recordarles que no deben cumplir con la exigencia del Ejecutivo catalán, que en otra misiva les pidió locales electorales.
El Ayuntamiento de Barcelona, capital de Cataluña y segunda ciudad más habitada de España, anunció que no pondrá en riesgo a la institución ni a sus funcionarios.
Se espera que en las próximas horas el Constitucional admita a trámite también el recurso interpuesto hoy por el Gobierno español, lo que supondría una anulación automática y cautelar de otra de las leyes clave para los soberanistas, la de transitoriedad jurídica.
Por otra parte, la Fiscalía española presentó una querella contra todos los responsables del Ejecutivo catalán, a los que acusa de desobediencia, prevaricación y malversación por firmar el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre.
Tal y como había anunciado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, el ministerio público también se querelló contra los miembros de la mesa del "parlament", el órgano de gobierno de la Cámara, por haber permitido la tramitación de la llamada "ley del referéndum".
Además, la Fiscalía ordenó a la Policía su intervención en caso de detectar actuaciones encaminadas a la preparación de la consulta, así como la intervención de elementos como papeletas o urnas.
En medio de una tensión creciente entre Cataluña y Madrid, el Gobierno de Rajoy hizo un llamamiento a "a la concordia y a la convivencia cívica".
Por otra parte, el jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, instó a los ciudadanos catalanes a salir a la calle el próximo lunes coincidiendo con la fiesta oficial de la región para reivindicar el "derecho a decidir" y el referéndum del 1 de octubre.