La creación de la autoridad de control fue promulgada a través de un decreto o "motu proprio" de Benedicto XVI.
"La Santa Sede aprueba el compromiso de la comunidad internacional" y "quiere hacer suyas las reglas de las que se ha dotado para prevenir y combatir" esos terribles fenómenos, escribió el Papa.
El decreto tiene como objetivo "prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero proveniente de actividades criminales y para la financiación de terrorismo", indica la norma.
La promulgación de las nuevas leyes "reviste un significado moral y pastoral de largo alcance", afirmó el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, quien resumió la medida con tres palabras: "transparencia, honestidad y responsabilidad".
La autoridad de control vigilará las operaciones financieras de todas las entidades del Vaticano así como la aplicación de las recientes normas europeas antifraude.
Con esa decisión, el Vaticano cumple un paso decisivo para la transparencia de sus transacciones económicas, objeto de graves acusaciones y sospechas por decenios.
Las nuevas leyes prevén penas que van de cuatro a doce años de cárcel y multas de hasta 15.000 euros para los autores de reciclaje.
La autoridad del Vaticano mantendrá contactos con autoridades de otros países y goza de "total independencia", explicó Lombardi.
"Se trata de una realidad nueva" recalcó el vocero del Papa, a través de la cual los organismos del Vaticano "serán menos vulnerables al riesgo constante que, inevitablemente, se corre cuando se maneja dinero", dijo.
"Se evitarán en futuro aquellos errores que tan fácilmente se convierten en motivo de escándalo para la opinión pública y para los fieles", agregó al recordar uno de los mayores casos político-financieros de la postguerra tras la quiebra en 1982 del otrora mayor banco de Italia, el Banco Ambrosiano, del que el Vaticano era un accionista importante.
La investigación judicial demostró que el banco vaticano reciclaba dinero de la mafia siciliana y mantenía conexiones con la logia masónica Propaganda 2 y agentes secretos de la CIA estadounidense.
Las nuevas medidas contra el lavado de dinero además han sido adoptadas tres meses después del inicio de una investigación judicial en Italia contra dos dirigentes del Instituto Vaticano para las Obras Religiosas (IOR), mejor conocido como el banco del Vaticano.
Los jueces italianos dispusieron también la incautación de 23 millones de euros (30 millones de dólares) depositados en una cuenta del banco Crédito Artigiano, por omisión por parte del llamado banco del Vaticano de las normas contra el lavado de dinero.
Italia acusaba al banco del Vaticano de administrar a través de cuentas anónimas, identificadas sólo con la sigla IOR, importantes sumas de dinero de oscura procedencia.